Un político correoso al filo de la navaja

El perfil más conocido de Antonio Fernández García (Jerez de la Frontera, 1956) es el que le ha hecho aguantar con entereza el interrogatorio al que le ha sometido la jueza Mercedes Alaya durante cuatro días: el de un hombre templado y correoso en los momentos difíciles. El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía ha tenido muchos a lo largo de su trayectoria política, sobre todo en los difíciles años en los que ha tenido que lidiar con numerosos conflictos laborales casi siempre saldados con satisfacción política y para los trabajadores que se veían en la calle. De aquellos años de la pasada década viene uno de los apodos menos favorecidos, el de 'chapuzas Fernández', dada su a veces arriesgada metodología para solucionar esos conflictos. En este ten con ten en positivo y negativo, como un gestor al filo de la navaja, Fernández, ha trabado una trayectoria en la que ha cosechado más amigos y defensores que enemigos. Pocos de los que le conocen hablan mal de él: campechano, abierto al diálogo, guasón, sin que se le caiga los anillos para arremangarse y sentarse a negociar. Así le describen.

Fernández, que llegó a la cumbre política en el periodo en que fue consejero de Empleo desde 2004 a 2010, es también un hombre hecho a sí mismo. Entró a trabajar en las bodegas González Byass con 14 años como aprendiz de embotellador. Estudió Derecho en horas libres y una vez licenciado por la Universidad de Sevilla empezó una actividad sindical en comités de empresa que luego trasladó a los despachos de CC OO y UGT en los años en que los sindicatos estaban estructurando las relaciones laborales en este país. De aquí dio el salto a la política a través del PSOE, del que no es afiliado. Fue concejal once años en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, cuando gobernaba el andalucista Pedro Pacheco, y también fue diputado provincial de Cádiz. Cuidó su trayectoria laboral y empezó a trabajar como profesor asociado de la Universidad de Cádiz. En 1986 es elegido diputado autonómico y después da el salto a la Junta de Andalucía. Todo paso a paso. Primero como delegado provincial en Cádiz de Agricultura y Pesca. En 1995 entra como viceconsejero de Trabajo y Asuntos Sociales, que al año siguiente cambia el nombre por el de Trabajo e Industria. En este segundo escalón de Empleo se mantiene hasta 2004 cuando sustituye a José Antonio Viera como titular de una consejería que en 2001 asumió las competencias de las políticas activas de empleo. En esta fecha comienza a llegar a su departamento el aluvión de ERE (expedientes de regulación de empleo) de empresas que no pararía hasta el final de su etapa, en 2010, cuando Griñán le deja fuera del Consejo de Gobierno en su segunda remodelación. En una entrevista a este periódico en mayo de 2009, ya en plena crisis, se quejaba de los expedientes que afectaban a más de 900 trabajadores sobre su mesa de despacho. Pero entonces ya no había el dinero que sí hubo en la Junta en los primeros años de la década. La crisis se había hecho sentir. Fernández siempre ha defendido la subvención, la ayuda social al parado como mal menor ante la situación. Con este espíritu comandó un departamento ahora en el ojo del huracán por el presunto caso de corrupción.

La jueza Alaya pone en tela de juicio el acuerdo al que Fernández, como presidente del IFA, y José Antonio Viera, como consejero de Empleo, llegaron en 2001 para agilizar aquellos problemas laborales, aquellas manifestaciones un día sí y otro también en la calle. Aquellos fueron los años de la crisis de Astilleros en Cádiz y Sevilla, de Santana Motor en Linares y de la fábrica de tabacos Altadis en Sevilla. Alaya considera ilegal el procedimiento para pagar las prejubilaciones y las ayudas a las empresas en crisis. Un sistema basado en la transferencia de financiación de dinero de la partida presupuestada en Empleo al IFA, que ordenaba el pago. Un modelo opaco que carecía de publicidad en los boletines de la Junta y del Estado. Bajo este prisma, entiende que Fernández, en connivencia con otros dirigentes políticos de la Junta, ideó un sistema para ocultar deliberadamente las millonarias ayudas a empresas y personas muchas veces afines al PSOE. Al consejero no le favorece en esta instrucción que siendo consejero autorizara un ERE en su antigua empresa, González Byass, de la que decía aparecer como en excedencia. Fernández renunció al cobro de la indemnización de más de 300.000 euros, pero no a la ayuda que percibiría en caso de quedarse en el paro. Tampoco que concediera también un ERE al consejo regulador de los vinos de Jerez, del que luego, cuando dejó la consejería en 2010, fue su presidente, cargo que desempeña hasta el momento.

Fernández, del círculo gaditano de Luis Pizarro, debe su ascenso político a este. Apoyó en 2009 junto a este y a Antonio Martín Soler, entonces consejero de Innovación, la sustitución de Chaves por Griñán. Sin embargo luego se ha sentido abandonado. En abril de 2010, un año después, no entendió que el ya presidente de la Junta decidiera dejarle fuera del Consejo de Gobierno. El caso Mercasevilla, origen del escándalo de los ERE, ya estaba en los tribunales. Desde que fue imputado en el caso en marzo de 2011, Fernández se ha sentido abandonado por la cúpula socialista. Ninguno le ha defendido. Solo Gaspar Zarrías, hace dos días, salió en su defensa.