La juez de los ERE pide a Fernández que «asuma su responsabilidad como consejero»

La segunda jornada de declaración judicial del exconsejero de Empleo Antonio Fernández por los ERE irregulares ha visto cómo subía el debate entre el imputado, que insiste en la legalidad de las ayudas, y la juez Mercedes Alaya, que le ha pedido "asumir al menos su responsabilidad".

El exconsejero ha reiterado ante la juez que el sistema de ayudas investigado "era y es legal" y ha afirmado que "ningún criterio jurídico" cuestionó el sistema, pues la Intervención General de la Junta dio por buenas las explicaciones de la administración.

En la sesión de tarde, cuando el interrogatorio se ha centrado en grupos de empresas como la Faja Pirítica de Huelva y la Sierra Norte de Sevilla, Fernández ha declarado que desconocía las irregularidades que le ha planteado la juez y que ordenó parar ayudas ya otorgadas cuando sus subordinados le informaron de que "estaban vacías de contenido".

Abogados personados en la causa han informado a los periodistas de que el nivel de tensión está aumentando y, a diferencia de otros imputados, Fernández está discutiendo las afirmaciones que hace la juez hasta el punto de que "parece más un debate que un interrogatorio".

Con gritos que se oyen en ocasiones fuera de la sala, donde aguardan los periodistas, la magistrada expresa en muchas de sus intervenciones sus dudas sobre lo que declara el imputado, le interrumpe, le repite la pregunta y le espeta: "No es eso lo que le pregunto", mientras Fernández empieza sus frases diciendo: "Afirmo y repito".

En cierto momento de la comparecencia de hoy, Alaya ha dicho a Fernández: "Asuma al menos la responsabilidad que le corresponde como consejero" y ha añadido que "si desea acogerse a su derecho a no declarar, hágalo, pero no se ande por las ramas", según los citados abogados, además de reprocharle: "Parece que está usted deshojando una margarita".

Sin protocolo escrito sobre los criterios para las ayudas

Mecedes Alaya también ha preguntado a Fernández por su relación personal con el presidente de la Junta José Antonio Griñán y su antecesor Manuel Chaves, a lo que ha respondido que era "cordial pero no de amistad".

Alaya ha interrogado al exconsejero sobre si estaba enterado del caso de una mina de Huelva, cerrada en 1988 y cuyos trabajadores recibieron las ayudas 16 años después, en 2004, y si conocía el proyecto para construir una macrourbanización de lujo tras el cierre de la mina onubense de Riotinto, a cargo de una empresa propiedad del hijo de Chaves, la socialista Amparo Rubiales y el catedrático sevillano Javier Pérez Royo.

En otro momento, Alaya le ha reprochado que la Junta entregó 29 millones de euros a lo que ha denominado "empresas pantalla" propiedad de los exconcejales socialistas de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo y José María Sayago, a lo que Fernández ha respondido que si hubiera sabido que las ayudas iban a empresas sin actividad, no las habría autorizado. A la pregunta de si "conocía la concentración de ayudas en el grupo de Rosendo y Sayago", Fernández ha respondido que "el presidente de la Junta, el consejo de gobierno, el Parlamento y todo el que se leyese la Ley de Presupuesto lo conocía".

Ha declarado que no había un protocolo por escrito sobre los criterios para las ayudas pero él dio instrucciones verbales para que se concedieran a zonas deprimidas, con alto nivel de paro y difícil inserción laboral. Ha insistido, al igual que hizo el viernes en su once horas de declaración, que la Junta respondía a los reparos de la Intervención General sobre los criterios de las ayudas y el organismo fiscalizador "se aquietaba" y daba por buenas las explicaciones.

Después de dos días de interrogatorio, Fernández solo había contestado hasta las 20 horas de hoy a 100 de las 200 preguntas que tiene pensado hacer la juez, por lo que es previsible que su declaración no concluya ni siquiera mañana domingo, como se preveía en principio.