La jueza de los ERE imputa al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía por seis delitos

El supuesto fraude de los ERE en Andalucía sube un peldaño más tras haber imputado la jueza instructora al que fuera consejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010 Antonio Fernández. La jueza Mercedes Alaya le considera el responsable intelectual del convenio que amparó la concesión de ayudas al margen de cualquier control y de forma arbitraria, dado que en 2001 él era viceconsejero y presidente del organismo público que las otorgaba, y considera que por tanto era conocedor de que muchas de esas ayudas se daban para uso personal.

En una larga exposición de los hechos que le implica, la jueza le acusa de cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos, negociación prohibida a funcionario y fraude en subvenciones. A estos se sumarían otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil en relación a su inclusión en la póliza de prejubilación de una empresa bodeguera del Marco de Jerez para la que ya no trabajaba, de lo que se deduce que era uno de los "intruso".

Según ese relato de hechos, la jueza entiende que las ayudas concedidas bajo ese "sistema operativo" eran "nulas de todo derecho", dado que vulneraban la Ley General de Hacienda Pública andaluza al no contar con asignación presupuestaria. Fuentes judiciales han señalado que también ha sugerido que Fernández renunció a cobrar la póliza de prejubilación por valor de 400.000 euros en la que se había autoincluido porque ya había saltado el escándalo a la luz pública.

Fuentes judiciales explican que el interrogatorio judicial a Fernández, que ha comenzado pasado el mediodía, se prolongará durante el resto de la jornada e incluso podría continuar a lo largo del fin de semana.