El Supremo se pronunciará sobre la ley de inmigración de Arizona

El Tribunal Supremo de EE UU ha anunciado este lunes que estudiará la constitucionalidad de la polémica ley SB1070 de Arizona que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en ese estado. La máxima corte de Estados Unidos ha indicado que estudiará los argumentos del Gobierno de Arizona contra un dictamen emitido el año pasado por la juez Susan Bolton de la novena corte federal de apelaciones, que bloqueó las partes más polémicas de la ley SB1070 contra la inmigración ilegal en respuesta a una demanda del Departamento de Estado de EE UU.

La juez Elena Kagan, exrepresentante legal del Gobierno de EE UU ante el Tribunal Supremo, se ha apartado del proceso de revisión de la SB1070, tal como ha hecho en otros casos en los que participó como abogada del Gobierno ante la máxima corte. Eso significa que la decisión definitiva sobre la SB1070 recaerá sobre ocho de los nueve magistrados del Tribunal Supremo, que deberán pronunciarse sobre esa ley antes de que concluya su sesión actual previsiblemente en junio de 2012.

La gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, promulgó la SB1070 el 23 de abril de 2010, y ésta debió entrar en vigor el 29 de julio del año pasado. Pero, en respuesta a una demanda entablada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la juez Bolton frenó la puesta en marcha de cuatro de sus elementos. Uno de los puntos polémicos, suspendido de momento, autoriza a la policía local o estatal a pedir "los papeles" a quienes detenga por cualquier otra infracción y de quienes sospeche que se encuentran en EE UU de forma ilegal. La ley autorizaba a detenerlos de forma indefinida mientras se averiguaba su estatus migratorio.

También ha quedado suspendido por ahora el apartado de la ley que considera delito no llevar los papeles de residencia permanente, y el que permitía a la policía arrestar sin mandato judicial a personas que sospeche hayan cometido algún delito motivo de deportación. Bolton también bloqueó la cláusula que criminaliza a los inmigrantes indocumentados solo por solicitar o realizar trabajos en el estado.

En agosto pasado, Brewer acudió ante el Tribunal Supremo para impugnar el dictamen de Bolton, por considerar que el Gobierno de Arizona no tuvo más remedio que poner en marcha la SB1070 por la presunta inacción del Gobierno federal contra la inmigración ilegal. Brewer reiteró el mes pasado que se trata de un asunto nacional "apremiante" y que el Gobierno federal "ha hecho la vista gorda ante los costos humanos y financieros de la inmigración ilegal".

Reacciones

En su página de Facebook, Brewer ha aplaudido este lunes el anuncio del Tribunal Supremo y ha expresado su confianza en que éste terminará "respaldando la autoridad constitucional y la obligación de Arizona de proteger la seguridad y bienestar de sus ciudadanos". En el centro de la compleja disputa legal están precisamente los argumentos de la Administración Obama de que sólo el Gobierno federal tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración en el país y que la SB1070 interfiere con esa labor.

El Tribunal Supremo tendrá la opción de anular el dictamen de la juez Bolton, con lo que la SB1070 entraría en vigor en su totalidad, o podría permitir la puesta en marcha de algunos de sus elementos. El fallo final sobre la SB1070 será emitido en plena contienda por la presidencia de EE.UU. y en unos momentos en que el problema de la inmigración ilegal se perfila como uno de los más candentes de este ciclo electoral.

Del rumbo que tome el Tribunal Supremo sobre la SB1070 dependerá el futuro de leyes similares aprobadas en otros estados como Alabama, Georgia, Utah y Carolina del Sur, que también afrontan demandas del Departamento de Justicia y de una amplia coalición de grupos cívicos y religiosos de todo el país.