Manuel de la Concha, en una imagen de archivo. / Efe
Obituario

Muere a los 77 años Manuel de la Concha, ex síndico presidente de la Bolsa

Fue condenado en 2002 a seis años de cárcel y 6.000 euros de multa por el 'caso Ibercorp'

MADRID Actualizado: Guardar
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El ex síndico presidente de la Bolsa de Madrid Manuel de la Concha ha muerto hoy en Madrid a los 77 años, han informado fuentes de la bolsa. Licenciado en Económicas y Derecho, en 1968 ingresó en el Cuerpo de Agentes de Cambio y Bolsa, y en 1973 se integró en la Junta Sindical de la Bolsa de Madrid como vocal, de la que fue nombrado vicesíndico en 1976, cargo en el que estuvo cuatro años.

Formó parte de parte de la comisión reprivatizadora de Rumasa y fue vocal de la junta directiva del Real Madrid, y en enero de 1981 fue elegido síndico presidente de los agentes de Cambio y Bolsa, cargo que ocupó hasta que en 1987 participó en la creación del Banco de Inversiones Ibercorp. El caso Ibercorp constituyó un escándalo que implicó a relevantes personalidades de la vida económica española en lo años ochenta, como el entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, o el exconsejero del Banco Hispano Americano Jaime Soto López-Dóriga.

De la Concha y Soto realizaron innovadoras operaciones financieras, y el primero le compró a José María López de Letona, vicepresidente de Banesto, la ficha del Banco Trelles por 500 millones de pesetas. Este banco pronto se convirtió en el Banco Ibercorp, que omitió sus ventas propias con un entramado de sociedades "fantasma" y ocultó información del grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Condenado

El supervisor bursátil abrió doce expedientes contra las sociedades y sus gestores y los tribunales tramitaron varios sumarios penales. En mayo de 1994 Manuel de la Concha y Mariano Rubio fueron detenidos y el primero permaneció en la cárcel hasta finales de junio, tras abonar 50 millones de pesetas de fianza. En julio de 2002 la Audiencia de Madrid condenó a De la Concha a seis años de prisión y una multa de 6.000 euros por un delito continuado de falsedad en documento público por funcionario público.