Ricardo Costa tiene la llave del acuerdo

El complicado proceso de evitar el banquillo de los acusados para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pasa por el acuerdo tácito de las cuatro partes implicadas. Es decir, el propio Camps, el exvicepresidente del Consell Víctor Campos, el exjefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, y el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa. La sentencia de conformidad, en la que las partes asumirían el delito de cohecho pasivo impropio del que se les acusa, debe ser asumida por los cuatro. Según fuentes del partido, la llave para evitar la temida foto en el banquillo de los acusados pasa por Ricardo Costa.

El que en su día fue número dos de Camps no contempla pagar la multa que pide la Fiscalía Anticorrupción, de 41.250 euros, porque sería asumir que ha cometido el delito. Pero, más allá de la multa, para Costa el motivo fundamental por el que hacer frente a la cantidad económica supone un paso atrás en el proceso es la condición de acusado condenado con la que quedaría después del proceso. La conocida como 'causa de los trajes' dejaría al de Castellón en una difícil situación de cara a la otra de las causas en las que está incluido, la de la financiación del PP. Costa saldría de la sentencia de conformidad con 41.250 euros menos y antecedentes penales. A la hora de afrontar la causa de financiación, en la que también están incluidos los populares Vicente Rambla, David Serra y Yolanda García, Costa llegaría con los citados antecedentes, que podrían complicar su situación en caso de que fuera condenado por dicha causa. Pero no es el único. El exjefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, está también inmerso en la causa por prevaricacíón y cohecho, por los contratos adjudicados a Orange Market en Fitur. De él no se teme un enrocamiento porque su visibilidad política es casi nula. Sin embargo, Costa fue en su día mano derecha del presidente de la Generalitat y hombre fuerte del partido en la Comunitat.

Fuentes consultadas aseguran que se estaría negociando con el exsecretario general para que ceda y se pueda alcanzar la, por ahora, esperada sentencia de conformidad en la 'causa de los trajes'.

En cuanto a la posible prevaricación y cohecho por la contratación pública adjudicada por la Generalitat con Orange Market respecto a las contrataciones de Fitur entre 2005 y 2009, los hechos, de acuerdo con el auto de inhibición, serían atribuibles a la expresidenta de las Corts y diputada, Milagrosa Martínez, y al exvicepresidente del Consell y parlamentario, Vicente Rambla, a Rafael Betoret y a gestores de Orange Market