CiU y PNV ayudan al PSOE a aprobar la negociación colectiva

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalido el decreto ley de reforma la negociación colectiva con el único apoyo de los diputados del PSOE y gracias a la abstención de CiU, PNV, CC y UPN frente al rechazo del PP, ERC, IU-ICV, BNG y UPyD.

Tras un extenso debate de más de dos horas, durante el que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha tomado la palabra en varias ocasiones para responder a distintos portavoces, la norma ha salido adelante por 169 votos a favor, 20 abstenciones y 159 en contra.

Eso sí, hubo unanimidad para que la norma se tramite como proyecto de ley, lo que permitirá a los socialistas negociar con la oposición la introducción de enmiendas al texto. Las abstenciones de CiU y del PNV, que no han estado claras hasta el último momento, han permitido al Gobierno pasar el trámite de la convalidación, al que ahora seguirá la tramitación parlamentaria como proyecto de ley, tras ser acordado así casi por unanimidad. "En mi trayectoria no he conocido un caso semejante", ha declarado Josu Erkoreka sonriente a los periodistas tras el pleno, explicando que su partido había obtenido varias concesiones a cambio de su abstención.

En la defensa de la norma, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, pidió a los grupos su apoyo ante la actual coyuntura económica "problemática" y para reforzar la confianza externa en la economía española. Gómez ha destacado que su aplicación es "urgente" y ha definido la reforma como "ambiciosa, profunda, con vocación de estabilidad, planteada desde la eficacia y desde el equilibrio". En su opinión, no está configurada "alrededor de la idea" de tratarse de una "reforma a medias" o "insuficiente". La razón que ha dado Valeriano Gómez es que la reforma del Gobierno es la primera que se aborda en la materia desde 1984. Al respecto, el ministro ha expresado su deseo de que hubiera sido fruto del acuerdo entre empresarios y sindicatos, pero destacó que, en ausencia de acuerdo, había que legislar.

Cuatro rasgos fundamentales

Según Gómez, la reforma responde a cuatro rasgos fundamentales, de los que los dos primeros que ha citado han sido la profundidad, ya que "aborda todos los problemas del sistema", y la eficacia, porque "comprende medidas adecuadas para resolver los problemas del momento presente y para que la economía siga desenvolviéndose en el medio plazo".

El titular de empleo también ha dicho que los otros dos rasgos son el equilibrio -da mayor flexibilidad a las empresas sin excluir la interlocución y el acuerdo, lo que la fortalece- y el respeto, ya que se preserva el modelo democrático de relaciones laborales y la autonomía colectiva de las partes.

Según Gómez, era preciso reformar el sistema para que se actúe en favor de la flexibilidad y la capacidad de adaptación de las empresas a la situación economía. En este sentido, ha precisado que no se puede dar "todo" el poder a una de las partes, porque se eliminaría la negociación y se contribuiría a desintegrar un modelo que ha funcionado.

Ejes de actuación

En cuanto a los ejes de actuación de la reforma, Gómez ha indicado que el primero es mejorar la ordenación de la negociación, especialmente de los convenios sectoriales provinciales, que "atomizan y debilitan" la cohesión de los sectores y carecen de la capacidad de permitir la adaptación de la empresa.

Como segundo eje ha situado el colocar el convenio de empresa como "centro de gravedad de la reforma", al tiempo que se refuerzan el papel de los convenios estatales y autonómicos. Esto supone que el Gobierno ha apostado por la negociación colectiva más cercana a la empresa, abandonando la "zona gris", de "ineficiencia que está configurada sobre convenios colectivos sectoriales provinciales", indicó Gómez, quien ha añadido que esto no supone colocar "en segundo lugar" el sistema de negociación autonómico.

El ministro concluye diciendo que el Gobierno está abierto a que durante la tramitación de la norma se pueda mejorar la relación entre salarios y productividad, teniendo en cuenta que España es un país de economía libre en el que el Gobierno no puede fijar las condiciones salariales del sector privado.