Finaliza sin avances el nuevo pleno del Constitucional sobre el séptimo borrador de la sentencia del Estatuto

Las posturas se mantienen inamovibles en el pleno del Tribunal Constitucional, partido en dos. El séptimo borrador de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, redactado por la presidenta del TC, María Emilia Casas, tampoco ha conseguido desbloquear los debates. El pleno, que se había reunido hacia las 10.00 horas para retomar las deliberaciones, ha finalizado cuatro horas después sin avances que permitan una próxima notificación de la sentencia.

Durante la reunión, los magistrados también han examinado la petición de la Generalitat de Cataluña de que el magistrado Pablo Pérez Tremps, adscrito al sector progresista y recusado por el PP, pueda participar en la sentencia si ésta se vota por partes. El Gobierno catalán justifica su petición, que ha llegado hoy al Constitucional, en el hecho de que Pérez Tremps fue recusado por elaborar -antes de ser elegido magistrado- un informe sobre la acción exterior y las relaciones con la Unión Europea de la Generalitat, por lo que, de votarse por bloques, podría participar en los debates sobre el resto de los artículos del Estatuto.

El papel del recusado Pérez Tremps

La vuelta de Pérez Tremps a las deliberaciones posibilitaría la formación de una clara mayoría progresista, ya que su voto se sumaría a los de la primera ponente de la sentencia, Elisa Pérez Vera; la presidenta, María Emilia Casas, y los magistrados Pascual Sala, Eugeni Gay y Manuel Aragón.

La reunión de este jueves, tras la que sigue sin haber sentencia, era la primera que tenía lugar para debatir monográficamente sobre el Estatuto desde que, el pasado 19 de mayo, Casas asumió la ponencia de la resolución, tras la renuncia primero de Pérez Vera y luego del conservador Guillermo Jiménez. La intención de la presidenta es que el tribunal pueda notificar la sentencia antes del verano y, por tanto, antes de que comience la precampaña de las elecciones autonómicas catalanas previstas para el próximo otoño.

El texto de Casas es similar a los de Pérez Vera, a los que la presidenta siempre dio su apoyo y que en su última versión anulaba una quincena de artículos del Estatuto y condicionaba la constitucionalidad de otra veintena a la interpretación que se les diera en las leyes que deben desarrollar la norma estatutaria. Para lograr el consenso que su antecesora no consiguió, sin embargo, Casas pretendía "suavizar" los puntos que resultaron más polémicos en las propuestas anteriores, como el referido a la inclusión del término "nación" en el preámbulo, que hizo que Manuel Aragón se negara a sumar su voto al de sus compañeros de sector, abortando así la posibilidad de aprobar la sentencia.

Votación artículo a artículo

En su empeño de que sea el actual Tribunal Constitucional el que resuelva el tema del Estatuto, la presidenta ha planteado también la posibilidad de que se lleve a cabo una votación del texto "por bloques", ya sea capítulo a capítulo o artículo por artículo, alternativa a la que ninguno de los magistrados que forman el pleno se ha opuesto. Es ahí donde se enmarca la última petición de la Generalitat, que ha visto en ese sistema de votación una puerta abierta a permitir la reincorporación de Pérez Tremps a los debates. Sin embargo, en el caso de que el pleno no acceda a revisar la recusación de este magistrado, la votación por bloques daría como resultado una sentencia falta de coherencia interna, admiten fuentes del tribunal, que señalan que junto a partes aprobadas por una mayoría conservadora habría otras que saldrían adelante sólo con los votos de los progresistas. Unos y otros, además, plantearían numerosos votos particulares en los puntos en los que sus tesis salieran derrotadas.

El Constitucional también está a la espera de recibir las alegaciones de las partes personadas en el proceso a los recursos presentados por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña a su negativa a declararse incompetente para resolver el tema del Estatut. Tanto el Gobierno catalán como la Cámara autonómica consideran que, una vez reactivado por el Senado el proceso de renovación del tribunal, el actual Constitucional debe dejar la tarea a los nuevos magistrados.