Apdha y Federación 5 de Abril exigen mantener el servicio de gestión de penas en la capital

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril han mostrado su rechazo a la supresión del servicio de gestión de penas y medidas alternativas (Sgpma) así como del servicio social penitenciario de la capital gaditana; unas medidas "decididas por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias y basadas en los recortes", que la sufrirán las personas con menos recursos de toda la Bahía y la Janda ya que deberán trasladarse a Jerez para realizar las "numerosas" gestiones relacionadas con la estancia en prisión.

El Sgpma, según han recordado en un comunicado, es la unidad administrativa encargada de hacer efectivo un mandato judicial de una medida alternativa a la prisión y está dirigido a personas que cometen delitos de escasa entidad por primera vez, que carecen de antecedentes penales o que, aun teniéndolos o habiendo cometidos delitos más graves, se encuentran en un proceso de reinserción social que el Juez estima como favorable y que se vería truncado por el ingreso en prisión.

En la provincia existen tres unidades (en Cádiz, Algeciras y Jerez), estando la primera compuesta por un jefe de servicios sociales, un psicólogo, tres trabajadores sociales y dos funcionarios, y atienden los expedientes de las poblaciones de Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Rota, Chiclana, Conil, Vejer, Barbate, Zahara de los Atunes, Benalup, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules.

Según detallan ambas organizaciones, a pesar de los numerosos talles de sensibilización vial, violencia de género, trabajos en beneficio de la comunidad, programas de drogadicción y salud mental puestos en marcha, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha decidido "sin tener en cuenta todos estos datos, suprimir el servicio en Cádiz y hacer que las personas afectadas tengan que trasladarse a la unidad de Jerez para poder acceder y realizar las muchas y habituales gestiones ante el mismo".

A esto se suma --agregan-- el traslado a Jerez de los Servicios Sociales Penitenciarios, "encargados de las reuniones y asistencia a familiares para los informes para la tramitación de los terceros grados y de la libertad condicional, así como el seguimiento y evaluación de dicho presos".

Sostienen ambas entidades sociales que tanto en un caso como en otro ahora familiares y presos de toda la Bahía y Janda tienen que trasladarse a Jerez, a las instalaciones situadas en la Carretera Nacional IV Madrid-Cádiz, "un lugar sin acceso de servicios de transporte público accesible, lo cual agrava la situación de las personas que tienen que hacer uso de estos servicios que normalmente son personas con muchas dificultades sociales y económicas".

"Si el objetivo de las administraciones es dar servicio a los administrados consideramos que con esta medida injustificable se están vulnerando los derechos de los mismos, es decir de las personas que puedan acceder a medidas alternativas a la prisión o a los servicios sociales. El posible ahorro no justifica que se dificulte el ejercicio de un derecho, cuyo coste recaerá a partir de ahora sobre los afectados, que en muchos casos no podrán asumirlo", subrayan.

Al considerar que con esta medida las personas "pasarán a cumplir dos condenas, una la impuesta judicialmente y otra la impuesta arbitrariamente por la administración", desde la Federación 5 de Abril y la Apdha han elevado su queja y protesta a la Dirección General de Instituciones Penitencias, al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a la parlamentaria del PP por Cádiz, Teófila Martínez, y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria "esperando que entre todos sean capaz de paralizar un nuevo atropello en esta provincia del derecho de acceso de las personas a la justicia".