Nada de golfos, 'organización criminal'

Los informes de la Guardia Civil, las resoluciones de los fiscales y los autos de la juez, justifican sobremanera el cambio de denominación del ‘caso’. Cosa de uno o dos golfos, tal y como todo comenzó, pasó a cuatro, así lo denominó la anterior consejera de la Presidencia y ahora es cosa de una «organización criminal». Organización criminal institucionalizada. La Junta no solo hizo lo posible, sino hasta lo imposible para su diseño, creando la partida 31-L. La creó auspiciada en una Ley de Presupuestos, contemplándola en las sucesivas. Es decir, cantidades provenientes de los propios presupuestos autonómicos, eran desviados al presupuesto de una ‘agencia’, primero el IFA y luego IDEA, para quedar fuera de la órbita del Derecho Administrativo, sus controles y fiscalización. El propio Interventor General lo advirtió de forma reiterativa.

En el fondo y en la forma, este caso de corrupción institucionalizada, ya que nace en el seno de la propia administración, ha sido baluarte fundamental de la pervivencia de un Régimen que se hubiera tambaleado y caído sin la posibilidad de compra de la paz social. Por lo tanto, estamos ante argucias del poder, desde los más altos vuelos, hasta los que rozan el barro de la inmundicia. El auto describe una trama organizada, calificada por la UCO como organización criminal, en la que participan la propia Administración, mediadores y sindicatos. Es entendible ahora el malestar exhibido por el secretario General de la UGT de Andalucía, con ocasión de la comisión de investigación, calificando de «bastante lamentable» que el Parlamento andaluz se ocupase de la investigación. A continuación manifestó que «éste ha sido un instrumento que ha servido en Andalucía para solucionar el problema de muchos trabajadores y muchas empresas». Lo que ocurre es que el instrumento era manifiestamente ilegal y su fin era la burda compra de la paz social. Ésta se otorga de forma libertaria o producto del libertinaje.

La paz social es necesaria, es un don que debe imperar en cualquier sociedad, pero ni se compra ni se vende. Y menos aún, se justifica sobre la base de un «proyecto técnico de encomienda de gestión», en el que se solicita la adscripción de ingentes cantidades de dinero, para conformar el llamado «fondo de reptiles», desde el que el poder pueda hacer frente a las consecuencias de los expedientes de regulación de empleo que así se disponga. ¿Y quién los dispone? O dicho de otra manera ¿Quién o quienes deciden a quiénes se paga esas cantidades y a quiénes se les veta esa posibilidad? Ésa es la cuestión objeto de debate y por ella en Andalucía, la paz social no es para todos, sino para los que los sindicatos mayoritarios, en connivencia con la Junta de Andalucía deciden.

La Junta de Andalucía ideó el sistema para disponer de fondos sin control previo, ni posterior y poder repartirlos a su libre albedrío, con la anuencia sindical. La compra de la paz social era el fin por el que se ideó la partida 31-L.