Un total de 26 médicos de la provincia denunciaron una agresión en 2012

Un total de 26 médicos colegiados de la provincia de Cádiz fueron víctima de una agresión física o verbal en el ejercicio de su labor asistencial por parte de pacientes y familiares o acompañantes de pacientes en el año 2012. Esta cifra presenta una reducción respecto a los datos de 2011 en que se registraron 33 episodios violentos.

Desde el Colegio de Médicos, según apuntan en un comunicado, la lectura que se hace de estas cifras no es que se hayan reducido los episodios de agresiones en el último año. Lejos de ser esa la tendencia, aseguran que las agresiones a médicos "van a más", teniendo en cuenta que tan solo se denuncia "una mínima parte de ellas" y al no recogerse en esta estadística las que puedan haberse dirigido a otras instancias.

Detallan que el 60 por ciento de las agresiones registradas tuvo lugar en el ámbito de la atención primaria de salud, bien en consultas programadas o en urgencias extrahospitalarias. El tiempo en ser atendido, las discrepancias en la atención médica o no recetar el medicamento propuesto por el paciente fueron las causas más frecuentes de agresión.

El 61,5 por ciento de las agresiones fueron dirigidas contra médicos varones mientras que el perfil del agresor no se ajusta a ningún patrón más allá de que está comprendido en cualquier franja entre los 26 y los 65 años, a la vista de los casos declarados durante el pasado año. Del total de médicos agredidos, 18 optaron por denunciar, ocho presentaron lesiones y tres requirieron de baja laboral.

Desde el Colegio de Médicos insisten en la importancia que tiene que el médico denuncie la agresión, de promover una mayor conciencia social sobre las repercusiones que para la comunidad tiene que un profesional que vela por la salud individual y colectiva se vea "constantemente expuesto" y sea "la víctima propiciatoria de la agresividad y del descontento de los usuarios contra el sistema".

El Colegio de Médicos ha articulado mecanismos que facilitan al colegiado asesoramiento y asistencia jurídica, pero al mismo tiempo, entienden que se requiere "un mayor avance por parte de las autoridades autonómicas y nacionales, así como de las judiciales, a la hora de perseguir y castigar estas conductas violentas allá donde se produzcan".