Protestas contra la entrada en vigor del decreto que deja sin sanidad a los irregulares

Cientos de personas protestaron ayer contra la anulación de la tarjeta sanitaria de los inmigrantes que no cuentan con permiso de residencia en España, una decisión que calificaron de «apartheid sanitario» y de «xenófoba». Esta medida afecta a más de 150.000 inmigrantes irregulares y está incluida en un decreto de medidas urgentes de ahorro del Gobierno para salvaguardar el futuro de la Sanidad pública.

Una treintena de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos, agrupadas en la Red por el Derecho a tener Derechos, convocaron esta concentración frente al hospital madrileño Gregorio Marañón. Los asistentes, muchos de ellos extranjeros que residen en España, corearon proclamas como «ningún ser humano es ilegal» o «Partido Popular, Ku Klus Klan», al tiempo que pidieron la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato. También portaron pancartas en las que se podía leer «No a las medidas discriminatorias y racistas» o «Recortes en Sanidad=muerte».

Mientras se gritaba «no son recortes, son ejecuciones», los asistentes escenificaron la supuesta desatención que van a sufrir cayendo desfallecidos en el suelo, con la música de fondo de una ambulancia que nunca llegaba. Finalmente, rodearon el hospital unidos por sus manos.

La tarjeta sanitaria de los inmigrantes en situación irregular y de los extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social queda anulada desde ayer por estimar el Ministerio de Sanidad que no pueden ser beneficiarios del Sistema Nacional de Salud.

También pierden la condición de asegurados los españoles que nunca han trabajado y que tengan ingresos superiores a 100.000 euros al año, los denominados «rentistas».

Esto significa que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España solo tendrán asistencia sanitaria de urgencia por accidente o enfermedad grave y en el embarazo, parto y postparto, a excepción de los menores de 18 años, que recibirán los mismos servicios que el resto de los españoles.

Sanidad se compromete a no dejar sin tratamiento a los enfermos de este colectivo crónicos o graves, aunque la atención la financiará el país de origen si hay convenio de colaboración. Si no existe, el inmigrante será atendido cuando el facultativo determine un riesgo vital.