La Cámara de Cuentas denuncia ante el fiscal la filtración de un informe sobre los ERE

El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, ha citado esta mañana a los medios informativos para anunciar que ha remitido a la Fiscalía la filtración "interesada" de un documento "interno no oficial" sobre la investigación que la institución realiza sobre las ayudas sociolaborales a empresas en crisis, conocido por el 'caso de los ERE', de la antigua Consejería de Empleo. López se refiere a la información revelada por 'Abc' el domingo donde se hacía eco de un informe de la Cámara de Cuentas, realizado por tres auditores y dos técnicos, en el que apuntaba irregularidades en la tramitación de las ayudas de los ERE por parte del Consejo de Gobierno. En concreto, señala al expresidente de la Junta, Manuel Chaves, y a José Antonio Griñán, cuando este era consejero de Economía y Hacienda, por la autorización de modificaciones presupuestarias para la partida 31L de los Presupuestos para financiar las prejubilaciones de los ERE, partida y procedimiento que la jueza Merceces Alaya considera ilegales. La Cámara de Cuentas investiga las ayudas sociolaborales autorizadas por la Junta desde 2001 a 2010 a petición del Parlamento andaluz cuando en este el PSOE tenía mayoría absoluta. El Tribunal de Cuentas, a petición del PP, también pidió dicha investigación a la institución andaluza.

López ha señalado que el documento en cuestión no es un informe oficial, ya que aún no ha pasado por el pleno de la Cámara. Ha añadido que se trata de un trabajo no terminado que puede tener "modificaciones", ya que falta el proceso de alegaciones y la supervisión técnica. Para López, la filtración del documento "es un intento de limitar y condicionar la labor del equipo de fiscalización y pone en entredicho la independencia de la Cámara de Cuentas, pues se persigue condicionar la voluntad de este pleno". Para el presidente de la Cámara se trata de un hecho "muy grave" que puede ser constitutivo de delito penal por revelación de secretos. La Cámara abrirá una investigación interna además de denunciar el hecho a la Fiscalía. Ha advertido que por este presunto delito la pena estriba entre 12 y 18 meses de multa y 3 años de inhabilitación para cargo público.

El presidente de la Cámara ha comparecido con todos los consejeros de la institución, quienes votaron por unanimidad la decisión de acudir a la Fiscalía. Junto a López se ha sentado la vicepresidenta, María José Camilleri, propuesta por el PP.