CONFLICTO LABORAL

Ávila: «Si alguien está entorpeciendo la resolución del conflicto no es Junta»

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia responde a las declaraciones realizadas ayer por el comité de empresa acusando a la Junta de «bloquear» el conflicto

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El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha precisado hoy sobre Cádiz Electrónica, filial de la multinacional Visteón en El Puerto de Santa María, que si alguien está "entorpeciendo" el conflicto no es la Junta de Andalucía.

Así ha respondido Ávila a preguntas de los periodistas en Aljaraque (Huelva), donde ha visitado el Parque Científico y Tecnológico de Huelva, a las declaraciones realizadas ayer por el comité de empresa acusando a la Junta de Andalucía de "bloquear" el conflicto con la multinacional "al no pronunciarse sobre la adquisición de los terrenos".

El consejero ha recordado que fue el propio Gobierno andaluz el que la semana pasada propuso la unión de "los apoyos que se producen desde lo público", entre el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz , el Gobierno central y la propia Junta, por entender que en este problema deben "ir de la mano".

En este sentido, ha manifestado que los trabajadores estuvieron conformes entendiendo que "una lógica cooperación es positiva" y ha mostrado su sorpresa, sin embargo, por la falta de respuesta del resto de administraciones al requerimiento de la Junta de Andalucía.

Por tanto, considera que "si alguien está entorpeciendo no es la Junta que en este tema, como en tantos otros, quiere ser parte de la solución".

Por otra parte, en relación al Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer en Madrid en el que se anunció la posibilidad de establecer sanciones penales para las comunidades autónomas, Ávila ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque "la gestión de los recursos públicos se realiza siempre bajo el sometimiento a la ley".

Por tanto considera que esa posibilidad "no añade una gran carga en términos técnicos o jurídicos", pues todos los que gestionan recursos públicos están "sometidos al imperio de la ley por vía administrativa y penal", ha concluido.