La Junta entrega las actas del Consejo de Gobierno a la jueza

Personal de la Junta de Andalucía ha depositado sobre las 14.15 horas, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde está abierto el procedimiento sobre las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), las actas del Consejo de Gobierno desde el año 2001 hasta la actualidad, en once sobres lacrados, que había solicitado la magistrada encargada del caso, Mercedes Alaya, según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.

De este modo, la Junta ha apurado el plazo máximo de 72 horas que había fijado la juez Alaya en un auto dictado el pasado lunes, en el que además advertía a la Junta de que incurriría en un delito de desobediencia si no entregaba dentro de dicho plazo copia compulsada o testimonio de las actas de los Consejos de Gobierno celebrados durante los últimos diez años.

Los sobres lacrados donde se encuentran las actas de los Consejos, que han sido diligenciadas en todo momento por funcionarios de la Secretaría General del Consejo de Gobierno, serán depositadas en un armario acorazado en una sala con medios técnicos de videovigilancia y donde estarán permanentemente custodiadas por agentes de la Guardia Civil.

Requerimiento de incompetencia

Los documentos permanecerán allí sin poder ser consultados hasta que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, adscrito al Tribunal Supremo, resuelva el requerimiento de incompetencia promovido por la Junta al entender que la juez "carece de jurisdicción en orden al levantamiento del carácter reservado de los informes que incorporan las actas del Consejo de Gobierno, al ser competencia exclusiva del Consejo de Gobierno la potestad de hacerlas públicas".

Representantes legales de la Junta han acordado con los juzgados de Sevilla las condiciones de la entrega de las actas en un procedimiento que ha estado supervisado por el juez decano, Federico Jiménez Ballester. El Gobierno andaluz ha expresado su "satisfacción" por el hecho de que la Guardia Civil se encargue de la custodia de las actas, como habían solicitado los servicios jurídicos de la administración autonómica, y ha subrayado que su objetivo en todo momento no ha sido otro que "reforzar la seguridad del juzgado solicitando medidas especiales que han sido atendidas", han resaltado fuentes de la Junta.

En su investigación interna, la Junta ha identificado un total de 183 irregularidades, de los que 111 los define como "discordancias administrativas" y 72 intrusos o personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas, lo que ha evaluado en una cifra superior a los nueve millones de euros.