Cuatro detenidos y una imputada por corrupción urbanística en El Puerto

Agentes de paisano cargando cajas repletas de documentación extraídas de una Casa Consistorial se está convirtiendo en una imagen reiterativa en periódicos y televisiones. Es sólo una señal más de cómo la corrupción se instaló en los ayuntamientos del país coincidiendo con la época dorada del ladrillo, cuando las licencias para autorizar construcciones se convirtieron en un negocio al margen de la ley. El 'caso Malaya' es el ejemplo de los ejemplos y precisamente la misma unidad policial que investigó ese asunto tan mediático (UDYCO Costa del Sol) ha sido la encargada de reventar una operación que se llevó ayer a cabo en las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto. No hay relación alguna entre los dos casos, más allá que esos investigadores han demostrado ser especialistas en indagar en el patrimonio de funcionarios y altos cargos hasta probar un enriquecimiento a través de negociaciones prohibidas para empleados públicos.

A las nueve de la mañana, los teléfonos de tres letrados sonaban prácticamente al unísono. Sus clientes acababan de ser detenidos en sus respectivos domicilios y los agentes iban a proceder a registrarlos, siguiendo las indicaciones del juez instructor, el titular del nº 3 de la localidad portuense, Miguel Ángel López Marchena. Los agentes debían arrestar al ex edil de Urbanismo durante la etapa de Independientes Portuenses (IP), Juan Carlos Rodríguez; el actual jefe de licencias urbanísticas del Consistorio, Fernando Jiménez Fornell; su compañera sentimental, Milagros Trigo y la socia de ésta en el estudio de arquitectura TEC, Isabel Ruiz. La Policía llevaba consigo un quinto nombre, el de la esposa del ex concejal de Urbanismo, Josefa Lojo. Sin embargo con el paso de las horas se confirmaba que esta persona quedaba en calidad de imputada.

La empresa TEC está bajo sospecha desde que el año pasado la Guardia Civil desarrollara la 'operación Tequila'; unas pesquisas que revelaron una supuesta trama de concesión de licencias urbanísticas para edificar en suelos no autorizados. Dicho estudio realizaba muchos de los proyectos de obra que posteriormente obtenían el visto bueno del Consistorio y su nombre inspiró a los agentes para bautizar la operación con el nombre de Tequila.

Los detenidos de ayer también están imputados en ese asunto; de ahí que se barajara a primera hora la hipótesis de que la operación en el Ayuntamiento portuense fuera una prolongación de la que se realizó a principios del año pasado. Sin embargo fuentes de la investigación confirmaron a este medio que si bien existe cierta relación por tratarse de los mismos delitos, se trata de una operación completamente distinta.

Las detenciones y registros efectuados ayer se enmarcan dentro de las Diligencias Previas 379/09, pieza separada nº 1. El origen de esta investigación está en una macrodenuncia que presentó en 2006 Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Cádiz. Dicha denuncia fue separada posteriormente en procedimientos diferentes, ya que los denunciantes señalaban una ristra larga de delitos tales como la prevaricación, atentados contra el medio ambiente, contra el patrimonio histórico o la malversación que supuestamente se cometieron en la etapa de Gobierno de IP que abarca 15 años. Si bien, las pesquisas que se desarrollan en estos momentos, indicaron las mismas fuentes consultadas, se refieren a hechos que ocurrieron hasta el año 2006, poco meses antes de que la Alcaldía pasara a manos del PP.

Dinero en metálico

De las viviendas de Juan Carlos Rodríguez, Jiménez Fornell e Isabel Ruiz, los agentes se incautaron de documentación personal de los implicados y realizaron copias de los discos duro de los ordenadores personales. Posteriormente, una parte del operativo se trasladó a las oficinas de Urbanismo en el Consistorio, donde tiene su despacho el jefe del servicio de licencias. De allí se llevaron más documentos. La ronda acababa en la tienda de ropa que regenta la esposa del ex edil en la calle Larga, una de las principales vías comerciales de El Puerto. Del comercio, de nombre Extreme, la Policía requisó 2.200 euros y también copió el disco duro del ordenador que encontraron. Fuentes consultadas por este periódico confirmaron que la pareja alegó que parte de ese dinero procedía de la recaudación del día anterior.

La Policía imputa a los cuatro detenidos, que pasaron la noche en los calabozos de la Comisaría de El Puerto, los delitos de prevaricación, falsedad y asociación para delinquir. La única de los cinco implicados que quedó en libertad, se la considera cómplice de su esposo para obtener un enriquecimiento personal. Esto apunta a que en esta ocasión, la investigación ha ido un paso más allá y trata de demostrar el nivel de lucro que pudieron obtener los investigados.