Una constitucionalista entre independentistas

El calificativo de independiente se ajusta como anillo al dedo a la nueva consejera de Justicia de la Generalitat, Pilar Fernández Bozal. Como abogada jefe del Estado en Cataluña, su puesto antes de ingresar en el Gobierno de Artur Mas, esta letrada de 47 años se mostró como una firme defensora de la unidad de España, combatió las aventuras soberanistas a través de los referendos sobre la independencia y litigó diversas iniciativas aprobadas por el Parlament, como la ley de consultas. Bozal, que un día después de prometer su cargo ya recibió duras críticas de Esquerra Republicana y Solidaritat per la Independencia, redactó en 2009 dos de los recursos que la Abogacía General del Estado presentó contra la consulta independentista que Arenys de Munt celebró el 13 de septiembre del año pasado y que dio el pistoletazo de salida a más de 500 votaciones similares convocadas en Cataluña.

CiU respaldó estos referendos sin cortapisas, especialmente Felip Puig, hoy consejero de Interior y que desde ahora compartirá todas las semanas Consell Executiu con una política de la que está a años luz ideológicamente.

Bozal no solo defendió la posición «del Gobierno de la nación» ante la ola de referendos secesionistas, sino que arremetió con dureza contra ellos. «Estimamos que plantear una consulta popular en términos que afectan a la integridad territorial del Estado y a la soberanía sí que es una cuestión que atañe al interés general, generando un perjuicio para la estabilidad social y política», escribió en los recursos. Más aun. Bozal equiparó el hecho de que el Ayuntamiento de Arenys quisiera prestar sus locales para la celebración de la consulta con lo que hacen algunos consistorios vascos cuando «ceden las dependencias municipales para instalar la capilla ardiente de un etarra fallecido».

En este caso, Mas ha buscado un perfil técnico, el de una consejera más centrada en la gestión que en las reivindicaciones políticas.