El Gobierno intenta contemporizar con Chávez en la polémica por ETA

El Gobierno intentó rebajar el tono de la polémica con el presidente venezolano, Hugo Chávez, a propósito de los presuntos vínculos de las autoridades de ese país latinoamericano con ETA. El ministro de Asuntos Exteriores se negó a responder a los «desmesurados» comentarios del gobernante venezolano y precisó que lo importante es que Caracas se ha comprometido a colaborar para esclarecer si existen esos lazos apuntados en el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

«Cabeza fría», reclamó el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, y los socialistas se aplicaron el cuento.Miguel Ángel Moratinos reclamó no perderse en discusiones «semánticas» sobre el significado de pedir explicaciones o pedir informaciones. El ministro indicó que en sus conversaciones con Chávez y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, recabó «información» y que la respuesta recibida de sus interlocutores fue satisfactoria, pues «negaron todo tipo de connivencia» con ETA y «prometieron cooperar» para aclarar el asunto.

La polémica surgió a raíz de que un enérgico José Luis Rodríguez Zapatero dijera desde la ciudad alemana de Hannover el pasado lunes que había exigido «explicaciones» a Chávez sobre esos presuntos vínculos con la organización terrorista; y el presidente venezolano aclaró dos días después que el ministro de Asuntos Exteriores español no le pidió «ninguna explicación» y «nada» tenía que informar sobre las actividades de ETA en su país. Moratinos consideró irrelevante esa «dialéctica» porque lo sustancial en este caso es que Venezuela está dispuesta a colaborar y «el asunto está encauzado».

El jefe de la diplomacia admitió, no obstante, que todavía no ha recibido ningún dato del Gobierno latinoamericano, aunque espera que «conteste» cuanto antes a su demanda de información. Fuentes gubernamentales restaron también importancia a «las bravatas antiimperialistas» de Chávez y sus alusiones a las complicidades entre «el viejo imperio», España, y el «nuevo imperio», Estados Unidos, para desestabilizar a «la revolución bolivariana» con acusaciones «insidiosas».

El Gobierno quiere imponer la tranquilidad en este asunto porque, con independencia de la buena salud de las relaciones bilaterales políticas y comerciales con Venezuela y los fuertes intereses económicos de empresas españolas en ese país, el juez de la Audiencia Nacional no ha hecho ninguna imputación al Ejecutivo de Caracas que motive la adopción de medidas diplomáticas.

Nada probado

El portavoz socialista en el Congreso y juez en excedencia fue didáctico y aclaró que Velasco «no declara probado» que las autoridades de Venezuela colaboren o hayan colaborado con ETA y las FARC de Colombia sino que ha apreciado que hay indicios que esa relación pudo existir. Ante esa apreciación del juez plasmada en un auto, prosiguió Alonso, el Gobierno de Zapatero se ha limitado a pedir datos dentro de «los usos normales» en las relaciones diplomáticas drásticas.

El papel más beligerante con el presidente venezolano correspondió al vicepresidente tercero, quien apreció «cierta desmesura» en su reacción. El hecho de que esta opinión de Manuel Chaves fuera la más dura de todas las emitidas desde el Gobierno da idea de que las intenciones de Zapatero son bajar el diapasón de la controversia.

Entre algunos dirigentes socialistas existe además la convicción de que las apreciaciones del juez sobre los lazos entre el 'chavismo' y ETA no tienen mucha consistencia. Velasco fundamentó su auto en informes de los servicios de inteligencia de Colombia y las declaraciones de un 'arrepentido' de las FARC, quien relató que miembros de ETA impartieron en dos ocasiones cursos de armas y explosivos, así como de guerrilla urbana, en un punto de la selva venezolana en 2007 con la connivencia del Gobierno de Caracas.

Menos contemporizadora que los miembros del Ejecutivo se mostró la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, quien rechazó sin contemplaciones «los descalificativos» y «ataques personales» de Chávez a las decisiones de los jueces. El gobernante venezolano tachó al magistrado Eloy Velasco, de filiación conservadora, de comulgar con los postulados de «la extrema derecha europea».