La Fiscalía vuelve a pedir el archivo de la querella contra Garzón por investigar las fosas del franquismo

La Fiscalía ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, -instructor de la querella por prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar las desapariciones del franquismo- a sobreseer la causa al entender que los hechos denunciados por el sindicato Manos Limpias, Falange y la asociación Libertad e Identidad no nos constitutivos de delito. El informe presentado ante el alto tribunal responde al requerimiento realizado el pasado jueves por el magistrado Varela, que daba de plazo a las partes para pronunciarse sobre el último escrito presentado por el abogado de Garzón, González Martínez-Fresneda, que reclamaba el archivo de la causa.

Esta es la tercera petición de archivo del fiscal. Las dos anteriores ya fueron rechazas por Varela. El representante del Ministerio Público del Supremo comparte con la defensa de Garzón la "necesidad de poner fin a la investigación mediante resolución que sobresea y archive las actuaciones". Donde no hay puntos en común es en las manifestaciones del letrado de Garzón, que tachó de "inquisitiva" e "injustamente retardada" la tramitación de la causa por parte del magistrado Varela. En contra de esa opinión, el Ministerio Público sostiene que hay que tener en cuenta que las actuaciones se han abierto por las sucesivas querellas contra Garzón por parte de tres acciones populares diferentes, que han tenido que ser acumuladas: Manos Limpias (enero de 2009), Libertad e Identidad (marzo de 2009) y Falange Española y de las Jons (septiembre de 2009).

Los argumentos del fiscal

La Fiscalía entra en el fondo del asunto para analizar los cuatro autos que, según las acusaciones, son "prevaricantes", y califica de "sorpendente" que puedan considerarse como delictivas resoluciones que son de contenido diametralmente opuesto. Apunta especialmente al auto de 16 de octubre de 2008 en el que Garzón se declara competente para investigar las desapariciones y al suscrito el 18 de noviembre de ese año en el que el juez de la Audiencia Nacional se inhibe de investigar en favor de distintos juzgados de instrucción distribuidos por todo el territorio nacional.

"Si por el primero prevarica el magistrado querellado al declararse competente para investigar unos determinados hechos, es difícilmente comprensible que prevarique también por el segundo cuando decide inhibirse del conocimiento de la causa al entender que la competencia corresponde a otros órganos jurisdiccionales", apunta la Fiscalía. Recuerda también que la tesis mantenida por Garzón para incoar esta investigación fue respaldada por cuatro magistrados integrantes del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Son los cuatro que discreparon de la decisión de la mayoría, que determinó que el magistrado tenía que trasladar el caso a los juzgados de instrucción de otros territorios.

Certificados de defunción

La Fiscalía señala que tampoco puede considerarse 'prevaricante' la decisión de solicitar las certificaciones de defunción de los responsables de los delitos denunciados, entre ellos el de Franco, al ser notorio su fallecimiento. Esta solicitud es, en opinión de la Fiscalía, e incluso en el caso de los personajes históricamente más relevantes, una aportación formal y necesaria en el procedimiento penal. "Todos los hechos alegados o de trascendencia para el proceso penal están sujetos a prueba rigurosa, más aún si se trata de una circunstancia que puede determinar la extinción de la responsabilidad penal, como es el fallecimiento del reo", añade el escrito del Ministerio Público.

"¿Podría decirse que habría prevaricado el juez que, en fechas mucho más próximas al 20 de noviembre de 1975, pudo tramitar la declaración de herederos de Francisco Franco Bahamonde, pudo y debió solicitar a los presuntos herederos que acreditaran el fallecimiento de su causante con la aportación de su certificado de defunción?", concluye el escrito.