El PP reclama a la Audiencia las actas de ETA sobre el chivatazo del Faisán

La dirección del PP dio ayer un nuevo impulso a su estrategia para desvelar si el presunto miembro de la red de extorsión de ETA, Joseba Elosúa, fue informado por alguien del Gobierno o del PSOE -el 4 de mayo de 2006- de su inminente detención en una operación policial en el bar Faisan de Irún (Guipúzcoa), asunto que investiga el magistrado Baltasar Garzón en una causa en la que está personado el PP.

Los populares han reclamado a la Audiencia Nacional que solicite a la juez antiterrorista francesa, Laurence Levert, unas actas intervenidas a un comando de la banda terrorista ETA en el país vecino. En ellas se da fe de una conversación mantenida el 27 de octubre de 2006 en las que, como apunta el PP en su escrito de ayer, aparecería incorporada la siguiente frase: «os diré que por dar el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE».

El PP, que presenta una noticia de El Mundo como única prueba para respaldar su alegación, considera muy «significativa» esta alusión de los etarras por dos razones: se refiere a los hechos investigados por Garzón y, además, subrayan que en octubre de 2006 nadie ajeno al proceso judicial podría tener una información tan concreta, dado que las actuaciones estaban declaradas secretas entonces. «Sólo quien tuviera la suficiente cercanía a los hechos acaecidos podía conocer los datos a los que se hace referencia», insisten los populares en clara alusión al Ministerio del Interior.

Se trata de la misma tesis que ha mantenido el principal partido de la oposición en los últimos dos meses, en los que ha dirigido una amplia batería de preguntas parlamentarias al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. El PP convertirá esta polémica en uno de los ejes de su tarea de oposición en el próximo curso parlamentario, que comenzará en febrero.

En plena tregua

El hecho de que el chivatazo se produjera durante la última tregua de ETA, transforma este asunto, de ámbito judicial, en instrumento de oposición política. El PP sospecha que filtración se llevó a cabo para no enturbiar el proceso de paz impulsado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que, según las expectativas iniciales de los socialistas, podría haber supuesto el fin de la banda terrorista vasca.

Los populares quieren exprimir el posible renuncio en el que habría incurrido el Gobierno y no cesarán hasta que José Luis Rodríguez Zapatero explique de manera convincente este suceso y depure las posibles responsabilidades, según afirmó ayer María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP.

Algunos dirigentes del PP han ido más allá: «No estamos hablando de un acto antiterrorista; el chivatazo es un hecho 'filoterrorista'», declaró el lunes Antonio Basagoiti, presidente de los populares vascos quien, además, acusó al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero de «debilitar» al Estado.

En esta misma línea, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, indicó al respecto que el bautizado como 'caso Faisan' «se comerá políticamente por los pies» al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y se acabará demostrando que es el «responsable último en términos políticos» del chivatazo.

El titular de Interior siempre ha rechazado las acusaciones y pone el acento en lo que considera un hecho clave: «todos» los presuntos implicados en la operación policial llevada a cabo en mayo de 2006 contra una red extorsión de ETA, incluido Elosúa, fueron finalmente detenidos, puestos a disposición judicial. Reprocha al PP, además, que critique a la policía y a los jueces cuando no refrendan sus teoría.

Además de las interpelaciones orales, el PP presentó 25 preguntas por escrito al Gobierno. Una de ellas fue: ¿Puede el Gobierno afirmar que no ha dado ninguna instrucción política en el 'caso Faisán'?

Rubalcaba respondió este mismo mes con un lacónico: «No», lo que ha vuelto a irritar a los populares, que seguirán requiriendo información al Ejecutivo.