Denuncian «castigos y abusos» en tres centros gaditanos para niños conflictivos

«El centro estaba lleno de niñas, así que cuando llegué no había sitio y me pusieron en una celda pequeña con una cama que tenía las patas de adelante rotas. Me escurría. Había una ventana sin cristales y con rejas por donde se colaba el frío de la sierra y una puerta que hacía saltar la alarma cada vez que quería salir. Me medicaban, dormía mucho tiempo y babeaba. No tenía a quién quejarme, mi madre venía a visitarme cada día pero no me dejaban verla. Luego ella me lo dijo. Me castigaron sin comer tres días y me escapé a mi casa». Es el testimonio de una menor que estuvo ingresada en uno de los 21 centros terapéuticos de Andalucía donde tratan a adolescentes con problemas de conducta y que son el objetivo de un nuevo informe de Amnistía Internacional hecho público ayer. El estudio 'Si vuelvo, me mato' denuncia que estos jóvenes pueden ser «víctimas de abusos, malos tratos, aislamiento y medicación forzosa» y su realidad «queda impune por las lagunas existentes».

La ONG se basa en la información recabada a través de 170 entrevistas a trabajadores y 59 jóvenes que están o han pasado por centros de Cataluña, Madrid y Andalucía. Y en él se cita específicamente el caso de un adolescente que estuvo internado en Benalup, en unas instalaciones gestionadas por la entidad sin ánimo de lucro Márgenes y Vínculos. «Nada más llegar, estuvo quince días internado en una celda de aislamiento y privado de contacto con otros menores», explicaba ayer el portavoz de Amnistía en Andalucía, Raúl Villalba. Este chico aseguró que le medicaron en contra de su voluntad para tenerlo controlado, según aparece recogido en el citado informe.

De terror

Amnistía dibuja un entorno terrorífico para estos chicos, cuya tutela la asume temporalmente la Administración regional porque los padres se sienten incapaces de controlarlos. El estudio enumera castigos duros como «amordazarlos en sillas a la intemperie, privarles de alimento o prohibirles las visitas familiares» y acusa a las administraciones de opacidad en cuanto a los datos que ofrecen sobre estos recursos asistenciales.

Sin embargo, estas conclusiones no coinciden con el resultado de las inspecciones que ha llevado a cabo la Fiscalía de Cádiz en los tres centros terapéuticos que funcionan en la provincia. A partir de un anterior estudio realizado por el Defensor del Pueblo, en el que se denunciaban irregulares similares, la Fiscalía General del Estado (FGE) ordenó a sus fiscales que contrastaran las duras aseveraciones lanzadas por Enrique Múgica, quien hablaba, en síntesis, de abusos y vejaciones hacia los jóvenes y un nulo control de las administraciones. Desde la Fiscalía de Menores de Cádiz confirmaban ayer a este medio que a lo largo de este año «se han realizado inspecciones sorpresas» en los centros gaditanos y en ninguna de ellas se detectaron anomalías que derivaran en denuncias.

En estas visitas, los tres fiscales que verificaron en qué condiciones eran tratados los menores, constataron y así lo plasmaron en un informe remitido a la FGE, que la pregunta más recurrente entre los adolescentes que se dejaron entrevistar a solas era qué nivel de fuerza podían aplicar los trabajadores en las contenciones -reducir a un joven cuando demuestra una actitud agresiva-. El Ministerio Público concluyó que estos episodios son normales y no desembocan en abusos. La Fiscalía también confirmó que no se ha abierto ningún procedimiento judicial por denuncias formuladas por padres porque apenas han recibido alguna.