Rajoy propone más control en la contratación pública y aprobar códigos de buen gobierno en todas las administraciones

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado un paquete de medidas para luchar contra la corrupción, que inciden sobre todo en la necesidad de que haya más control y transparencia en la contratación pública y en "evitar el fraccionamiento y la concentración de contratos mediante el abuso de los contratos menores". Además, planteó aprobar códigos de buen gobierno en todas las administraciones y se mostró a favor de reformar el Código Penal para endurecer los tipos penales contra la corrupción y ampliar los plazos de prescripción de esos delitos.

Aunque no hubo ninguna referencia al 'caso Gürtel', el presidente del PP justifica estas propuestas alegando que su partido no tiene "nada que ocultar" y que el objetivo es lanzar "un buen mensaje" a la opinión pública española. A su juicio, hay que "reivindicar y hacer pedagogía" porque la política "es una actividad noble" y "la inmensa mayoría de los políticos son honrados".

De hecho, recuerda que, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, los cargos públicos sometidos a investigación no llegan ni al 0,7%. Por eso, ha dicho que es "injusto extender un manto de descrédito sobre toda la clase política" y apostó por hacer "pedagogía". "Es profundamente injusto y yo por tanto lo voy a combatir", ha proclamado.

Comisiones de investigación

Entre las nuevas propuestas para un Pacto Anticorrupción (que se suman a las que ayer hizo públicas el PP), Rajoy ha citado en primer lugar la de fortalecer la figura y función de los secretarios, interventores y tesoreros. Para ello, aboga por restablecer la "habilitación estatal de estos funcionarios" y reforzar sus facultades de "formular reparos de ilegalidad", así como garantizar la convocatoria de oposiciones hasta la cobertura de todas las vacantes.

Con el propósito de incrementar la objetividad en la gestión pública, el presidente del PP defiende establecer como obligatoria la existencia de una comisión de vigilancia de la contratación en la entidad local y hacer que esa comisión esté presidida por un concejal de la oposición. En este capítulo de propuestas, incluye también la de conferir carácter decisorio en la valoración de las ofertas a la más económica entre aquellas que superen el listón técnico mínimo, y garantizar el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad en los procesos de selección y promoción personal.

Igualmente, Rajoy apuesta por adoptar medidas para evitar el fraccionamiento y la contención de contratos mediante el abuso de los contratos menores, prohibiendo la concurrencia de empresas del mismo grupo, excluyendo la limitación a las sociedades pantallas creadas 'ad hoc', dando publicidad a dichos contratos a través de la web institucional y trasladándolos a la Cámara de Cuentas. También pidió impedir que los ex concejales y ex altos cargos de la administración local y de las empresas municipales puedan contratar con ellos pasados dos años de su cese, relevo o dimisión.

Financiación local

En el apartado del acuerdo para "garantizar el respeto a la voluntad popular", asegura que hay que limitar la presentación de mociones de censura durante el primer y último año de mandato en los ayuntamientos. En las mociones de censura y en la elección de alcalde, el PP plantea que el voto sea nominal y público. Además, se muestra a favor de reformar el Código Penal, ampliando y endureciendo los tipos penales relativos a la corrupción, modificando y endureciendo las sanciones para cargos y empleados públicos para que sean eficaces, proporcionadas y disuasorias.

En su discurso, Rajoy reprocha al presidente del Gobierno que siga sin plantear un a reforma de la financiación local, si bien recuerda que esta semana el Congreso aprobó una moción -con los votos en contra el PSOE- emplazando al Ejecutivo a presentar en 2010 un nuevo modelo de financiación de las Haciendas Locales. De hecho, avanzó que ésta será la primera pregunta que formule a José Luis Rodríguez Zapatero en el Pleno del Congreso en el mes de febrero (enero no es un mes hábil en el Parlamento).

Asimismo, culpa a Zapatero de ser el responsable de "reducir la calidad de prestación de servicios públicos de los ayuntamientos", que, según agregó, no pueden hacer frente a sus deudas. Y añadió que el "otro" Plan E que se ha aprobado "lo pagan los ayuntamientos". "Creo que lo urgente no es hacer muchas más aceras sino que los ayuntamientos puedan atender algunos gastos corrientes que son fundamentales para el mantenimiento de los servicios públicos y dar un poco de oxígeno a empresas y trabajadores autónomos", concluye.