El Congreso aprueba la ley de financiación autonómica por estrecho margen

El Congreso ha aprobado hoy la modificación de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica por un estrecho margen tras un debate marcado por las palabras iniciales de CiU, que vinculó la aprobación de la Ley con el "asesinato" del Estatut, lo que desató las críticas de los otros grupos catalanes.

La LOFCA ha conseguido finalmente los 176 votos necesarios (mayoría absoluta) que precisa una ley orgánica para su aprobación, al contar con los votos del PSOE, ERC, CC, ICV, Nafarroa Bai y UPN, mientras que han votado en contra el PP, BNG, CiU y UPyD y se han abstenido el PNV e IU.

La sesión se inició con las palabras del portavoz de CiU, Josep María Sánchez Llibre, quien advirtió a los diputados que iban a apoyar la LOFCA de que su voto supondría asumir la responsabilidad del "asesinato político" del Estatut "con premeditación". Una reprimenda de la vicepresidenta Teresa Cunillera para que se ajustase al tema del debate provocó la indignación del diputado, quien la instó a no tomar partido en este asunto tan importante y finalmente le gritó: "¡No me hable de excomulgación!".

Mayor autonomía financiera para las comunidades

Esta reforma legislativa es un sistema que dota de mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal a las autonomías, ya que contarán con una mayor capacidad normativa y un mayor porcentaje de impuestos cedidos: el 50% del IRPF y el IVA, y el 58% de los impuestos especiales. Junto con el proyecto de ley por el que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, la LOFCA conforma el nuevo sistema de financiación autonómica.

La tramitación de estos proyectos comenzó el pasado 29 de octubre, con el rechazo de las enmiendas a la totalidad presentadas por el grupo parlamentario popular, el grupo Mixto (UPyD y BNG) y los nacionalistas de CiU. El nuevo modelo fue aprobado el pasado 15 de julio por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el apoyo de las autonomías gobernadas por los socialistas y por Canarias, Cantabria y la ciudad de Ceuta, mientras que contó con la abstención de las comunidades del PP, y de Melilla.