Hasta dos años de trámites

Rafael Ricardi tuvo que esperar 13 años para que, al fin, se descubriese su inocencia. Seis meses para que decidieran su libertad condicional. Y un año más para que la Justicia lo considerase oficialmente inocente. Ayer comienzo otro proceso a tiempo indefinido: la concesión de una indemnización que compense económicamente el calvario que ha sufrido.

¿Cuánto tendrá que esperar ahora? Ni sus abogados lo saben. «Prevemos que en el Ministerio se sentarán ahora con nosotros a negociar, para no tener que llegar a los juzgados», explicaba ayer su representante legal, Antonia Alba: «¿El plazo de tiempo? no lo sé. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, porque no queremos hacer pasar a Rafael por un proceso largo por la Audiencia Nacional en Madrid». La pelota, ahora queda en el tejado del Ministerio de Justicia, donde comienza un proceso no exento de lentas burocracias: la propuesta debe pasar, primero, al Consejo de Estado, que emitirá un informe. Además, al alegarse un error de la Administración de la Justicia, también deberá pronunciarse el Consejo General del Poder Judicial, para determinar si hubo fallos. Finalmente será la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia la que ofrezca la reparación económica.

En el caso de Dolores Vázquez, la solicitud de indemnización fue enviada por su abogado, Pedro Apalategui, en enero de 2006, pero la respuesta del Ministerio se demoró dos años, en el año 2008, después de negociar una indemnización de cuatro millones de euros que se vio reducida. Para Ana Alba, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, seis meses ya sería «mucho tiempo» para Ricardi.