Javier Arenas, coordinador del documento./ EFE
ESPAÑA

Rajoy quiere que los corruptos devuelvan el botín robado

El pacto del partido opositor contra la corrupción propone prohibir los regalos a todos los cargos públicos

MADRID Actualizado: Guardar
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Rajoy quiere que los concejales y alcaldes corruptos se vean obligados a devolver a las arcas municipales los bienes y el dinero que hayan robado, por lo que propone una reforma legal que así lo contemple. Ésta es una de las iniciativas que incluirá en su oferta de Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción que aprobará hoy la Intermunicipal del PP convocada en Sevilla.

La próxima semana, el líder de la oposición enviará su propuesta al resto de fuerzas políticas para acometer juntos diversas reformas legales y suscribir compromisos políticos con el mismo propósito de erradicar la corrupción. A los cambios que obliguen a los cargos municipales condenados por corrupción a devolver el botín, el PP quiere ampliar en el Código Penal los plazos de prescripción de estos delitos para que puedan ser perseguidos durante más tiempo por la Policía.

En el ámbito de los compromisos políticos, la oferta del PP incluirá la prohibición de que los cargos públicos puedan aceptar «regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales», según reza en el listado de iniciativas elaborado por el partido opositor para su debate en la cita de Sevilla. Fuentes populares explican que los regalos que se estiman admisibles son los que se reciben en Navidades, onomásticas y cumpleaños. Las mismas fuentes aseguran que, aunque las reformas están pensadas para ayuntamientos y diputaciones, podrían ser de aplicación a los miembros de gobiernos autonómicos.

Otro de los objetivos es eliminar la discrecionalidad política en las decisiones municipales dándoles mayor objetividad, lo que exige cambios profundos en el sistema de contrataciones y debe tener una especial incidencia en materia urbanística.

Con el mismo espíritu, se plantea la necesidad de dotar de una mayor profesionalización a la vida municipal aumentando el peso de los funcionarios en perjuicio de asesores y cargos políticos. De hecho, los autores de la propuesta popular señalan que será necesario reducir las competencias y también el número de personal de confianza de los gobiernos municipales.

Contra tránsfugas

El PP también quiere provechar la ocasión para revitalizar el Pacto Antitransfuguismo para que cuente con mayores garantías. En concreto, propondrá que se establezcan nuevas cautelas para impedir que los tránsfugas puedan volver a presentarse a las elecciones por los partidos que abandonaron para sumarse a una moción de censura.

Rajoy definió al PP en la Convención de Barcelona como un partido «regeneracionista» para enviar a su militancia y electorado un claro mensaje de rechazo a la corrupción política que ha sacudido a su fuerza política con especial virulencia con motivo del caso Gürtel.

Pero los abusos y delitos relacionados con el cohecho y la prevaricación de cargos públicos afectan a todas las fuerzas políticas e incluso el fiscal general ofreció, el miércoles en el Congreso, datos que demuestran que salpica en mayor medida al PSOE que al PP. Por eso, los populares consideran que los dos grandes partidos deben afrontar juntos este asunto al que invitan al resto de formaciones políticas.

Rajoy intenta liderar un movimiento en esa dirección y por eso encargó al vicesecretario de Política Municipal y Autonómica, Javier Arenas, la dirección del equipo multidisciplinar que elaboró las propuestas reformistas.

El documento que el PP enviará al resto de fuerzas políticas contó con la participación de los alcaldes populares que, en el caso de Valencia, Madrid y Málaga, aportaron también funcionarios que trabajaron en su redacción. El Tribunal de Cuentas y los órganos homólogos en las autonomías trasladaron sus opiniones sobre el control de la contabilidad los partidos e instituciones, así como personal de la oficina del Defensor del Pueblo, secretarios e interventores municipales y expertos en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo.