La Policía respalda al agente acusado de ayudar a una red de narcotráfico

«Es un hombre despierto, sagaz y con una habilidad natural para la labor de policía; un funcionario ejemplar, tenemos una magnífica opinión de él». Los elogios a Francisco G. G., el policía nacional acusado de colaborar en un alijo de hachís en Chiclana, se sucedieron ayer ante el tribunal de la Audiencia Provincial, que lo juzga junto a otras cinco personas.

El agente se declaró inocente el primer día de la vista, y ayer le tocaba el turno de declarar a los testigos solicitados por el abogado defensor, que convocó a los cargos superiores de la Policía en estricto orden de jerarquía: primero se sentó ante los magistrados el comisario provincial de Cádiz, José María Deira, después el director jefe de la Brigada Judicial, Teodoro Fernández, el jefe de la Unidad (UDEV), Manuel Jones y dos subinspectores del mismo grupo. Uno tras otro respaldaron a Curro (como conocen al agente) y alabaron su gran profesionalidad en el cuerpo policial.

«Hacía estupendamente su trabajo y por ello se le propuso para ser condecorado con la medalla al mérito policial con distintivo blanco; tengo mis dudas de que su actuación haya pasado de lo profesional», aseguró el comisario José María Deira ante los magistrados del tribunal.

Francisco G. G. está acusado de ayudar a los narcos (una familia del Marquesado) avisándoles de la presencia de guardia civiles cuando se produjo la redada en su casa. En el registro se hallaron 1.900 kilos de hachís ocultos en los armarios.

Según el fiscal, Francisco G. G. utilizó su empleo como policía para identificar la matrícula de un coche camuflado de la Benemérita, aparcado en la zona, y de haber avisado por teléfono a uno de los narcos. El policía reconoció ante la Audiencia haber hecho la llamada, pero explicó que no vigilaba la llegada de guardias civiles, sino de un peligroso criminal llamado Pepe el Taleguero, que la Policía investigaba como sospechoso de diversos atracos a bancos. Uno de los hermanos del clan que se sienta ahora en el banquillo, era el informador del agente en esta investigación. «Me consta que F. G. tenía confidentes entre personas relacionadas con el mundo de la delincuencia, para obtener información sobre una serie de crímenes peligrosos que nos tenían preocupados», confirmó ayer el jefe de la Brigada Judicial de la Comisaría de Cádiz, Teodoro Fernández, que consideró al agente como alguien «muy profesional; recibí con sorpresa su imputación».

Los testigos no sólo apoyaron la coartada dada por el agente un día antes, sino que además aportaron pruebas e informes a su favor: entre ellas, una investigación interna de la Policía que descarta que Francisco G. G. hubiese consultado algún coche secreto de la Benemérita en el registro policial. «En ningún caso realizó una consulta de matrículas reservadas», explicó su jefe directo en la Unidad de Delitos Violentos (Udev), a cuya entrada en la sala, como manda la disciplina, el acusado se levantó y saludó con un leve movimiento de cabeza.

«Estábamos investigando atracos a banco, y él nos daba información de un posible origen», explicaba Jones. El fiscal, que pide tres años y tres meses para el agente acusado, preguntó entonces: «¿Le informó Francisco de que su confidente se dedicaba al mundo de la droga?». «Nuestro grupo no investigó al informador ni tenía conocimiento de su actividad con drogas».

Caso UDYCO

Por otro lado, el titular del juzgado de Instrucción nº 4 de Cádiz ha concluido la investigación sobre las relaciones que mantenía el ex jefe del Grupo II de la UDYCO de Cádiz con un confidente. Esta persona lo denunció por obligarle supuestamente a vender droga para facilitarle el arresto de otros traficantes de Cádiz y así obtener mejores resultados policiales.

El juez ve indicios de delito en el comportamiento del funcionario, que mantiene su situación de imputado en los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, contra la salud pública y falsedad documental. La instrucción también salpicó a otros dos policías que estaban bajo las órdenes del inspector jefe, los cuales han corrido una suerte dispar: el juez dicta un sobreseimiento parcial para uno de ellos al haber prescrito el delito en el que habría incurrido al haber falseado supuestamente un atestado policial y sigue dirigiendo acusación contra el otro funcionario por un delito de falsedad documental.

El instructor entiende que el comportamiento del inspector jefe pudo deberse a la necesidad de obtener buenos resultados policiales y descarta el ánimo de lucro.