Uno de los accesos al centro de internamiento de Puerto Real. / MIGUEL GÓMEZ
Ciudadanos

La Policía reconoce dificultades para vigilar de cerca a El Cuco

La comisaría provincial remite un oficio a la Fiscalía de Menores de Cádiz, solicitando que recurra la libertad vigilada que adoptó el juez de Sevilla

CÁDIZ Actualizado: Guardar
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Es una patata demasiado caliente que quema en las manos. De esta forma tan gráfica se podría describir cómo ha sentado la decisión de enviar al centro de Menores de Puerto Real, en régimen de libertad vigilada, a El Cuco, el adolescente de 16 años que está implicado en la desaparición de Marta del Castillo; un caso que genera mucha alarma social y del que se teme que pueda volverse en contra de alguien si el joven violara alguna de las condiciones que impone la medida cautelar que pesa sobre él.

La Junta acordó enviarlo al centro puertorrealeño en lugar de a un piso tutelado como solicitó la Fiscalía y determinó el juez de Menores encargado del caso. Desde la Consejería de Justicia, a sabiendas de las ampollas que levanta este asunto, dijo que se reforzaría la vigilancia sobre El Cuco, imponiendo una medida extraordinaria, como es destinar a dos policías que siguieran los movimientos del chico cuando éste saliera del centro. Lo habitual es que estas salidas estén custodiadas por monitores del mismo centro de internamiento. Y aquí reside el núcleo de la polémica.

Este anuncio no ha sido bien recibido por la Policía Nacional, cuerpo con las competencias en materia de seguridad ciudadana en el término de Puerto Real. El motivo principal que alegan, según confirmaron fuentes policiales, es que no hay recursos suficientes en la Comisaría de El Puerto, que es la que cubre la zona donde se ubica el centro de internamiento, para destinar permanentemente a dos agentes que vigilen a El Cuco.

Esta preocupación no se ha quedado en una simple conversación de café y desde la comisaría provincial han remitido un oficio a la Fiscalía de Menores en el que le piden al Ministerio Público que recurra el traslado de El Cuco a Puerto Real en las condiciones que se materializaron el pasado jueves. Este periódico pudo confirmar que ese oficio ha sido derivado a la fiscal jefe de Sevilla, competente para resolver la petición de la Policía.

La falta de capacidad operativa no es sólo el argumento que preocupa a la Policía, sino también que se siente una precedente aplicable a otros asuntos del mismo calado. Las mismas fuentes consultadas señalaron que pese a la indignación que suscita la situación de libertad de este adolescente, se trata de un menor que aún no ha sido juzgado, cuya situación no es análoga a la de un infractor ya sentenciado; y que por tanto no puede ser sometido a un control policial exhaustivo.

Contra la Ley del Menor

La alarma que ha generado la puesta en libertad de El Cuco hasta que se celebre el juicio es la misma que han sentido las víctimas de otros delitos muy graves cometidos por menores que se han visto en la misma situación y que están provocando una oleada de quejas contra la Ley del Menor. Una de estas voces más crítica ha sido la de la madre de Sandra Palo, una joven de Getafe que fue salvajemente violada y asesinada en 2003 a manos de tres adolescentes y un adulto. Uno de los condenados, conocido como Rafita, tenía que cumplir tres años de libertad vigilada. Durante ese tiempo fue de nuevo detenido por un robo en Málaga.

El supuesto compinche del principal implicado en la desaparición de Marta del Castillo ha agotado el tiempo máximo que puede estar recluido sin ser enjuiciado -nueve meses- . De ahí que el juez haya tenido que modificar la medida cautelar que pesa sobre el adolescente.