Barack Obama encalla en Guantánamo

Parecía que bastaba con dar la orden, pero cerrar Guantánamo se ha convertido en uno de los temas más complicados que tiene Obama sobre la mesa. Y desde el lunes, aún más. El presidente estadounidense ha tenido que conceder seis meses de prórroga a la comisión de trabajo que analiza cómo hacerlo posible, lo que pone más presión sobre el plazo de un año que había anunciado al llegar al poder.

Otro informe pararelo sobre los métodos de interrogatorio ha recibido dos meses de extensión. La Casa Blanca insiste en que nada de eso altera su compromiso de cerrar la infame prisión a final de enero, pero a nadie se le escapa que las fechas empiezan a montarse peligrosamente. Obama firmó el decreto para su clausura el pasado 22 de enero, dos días después de ser investido presidente.

«Esto es difícil, muy complicado, son decisiones que tendrán muchas consecuencias», justificó un alto funcionario al diario The Washington Post. «Intentamos asegurarnos de que tomamos las decisiones correctas, así que las miran, las remiran y las vuelven a mirar. Haciendo equipo con el presidente queremos asegurarnos de que hemos mirado cada ángulo posible, porque él nos va a cuestionar todos los temas».

El grupo de trabajo compuesto por representantes de los departamentos de Estado, Justicia y Defensa, así como abogados, especialistas en derechos humanos y representantes de las fuerzas de seguridad, estudian uno a uno los expedientes de los 229 detenidos que siguen en Guantánamo para decidir qué hacer con ellos.

Obama anunció hace tres meses que 50 de ellos tienen ya luz verde para ser transferidos a otros países, pero miembros de su administración informaron a diversos medios estadounidenses que esa cifra es ya «significativamente mayor». España, Italia, Portugal e Irlanda son los países de la Unión Europea que más han apoyado al presidente estadounidense en su petición para transferir algunos de estos presos.

El panel debería haber presentado su informe esta misma semana, pero pidió el aplazamiento para seguir las consultas con miembros del Congreso y analizar con más detalle el marco legal. Los legisladores han prohibido a Obama que transfiera presos de Guantánamo a territorio estadounidense mientras no resuelva los detalles, y le han negado los fondos solicitados para las transferencias. Varias prisiones de alta seguridad en EEUU han ofrecido su uso para perpetuar el encierro de los presos más peligrosos en suelo estadounidense.

El Gobierno está considerando mantener las comisiones militares mejorando aspectos que a su juicio las harían más justas, y busca autorización del Congreso para mantener indefinidamente en prisión a los presos peligrosos que no pueda juzgar ni transferir. Algo que es duramente criticado por las organizaciones de derechos humanos.

«El Gobierno de Obama no puede caer en el mismo terreno pantanoso que engulló a la Administración de Bush con sus fallidas políticas de Guantánamo», dijo a la CNN Anthony Romero, director de la American Civil Liberties Union. «Cualquier esfuerzo para resucitar la fallida comisión militar o crear una ley que le dé al presidente poder para mantener a los individuos indefinidamente en prisión sin cargos o sin juicio será definitivamente retada en los tribunales y pasarán años hasta que se haga justicia», amenazó.