El Gobierno impulsa por ley la entrada de capital privado en la obra pública

El Gobierno ha impulsado la entrada de capital privado en la obra pública. Así se desprende del anteproyecto de ley, estudiado ayer en el Consejo de Ministros, que permitirá la captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas, adjudicatarios de contratos de colaboración entre el sector público y el privado y sociedades de economía mixta creadas para la ejecución de obras públicas. El objetivo de esta iniciativa es facilitar que las constructoras que se adjudiquen contratos de infraestructuras públicas puedan obtener en los mercados de capitales la financiación necesaria para abordarlos. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó, tras la reunión del Gabinete, que la futura ley es «imprescindible» para canalizar la financiación privada en programas de obra pública «en un período de lógica austeridad presupuestaria». Además, será un refuerzo para las empresas que trabajan con el Estado, a la vez que se hará más sólida la colaboración entre el sector privado y el público, según añadió. El anteproyecto, presentado por la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, da cumplimiento a la previsión de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación a la regulación de la financiación privada y refuerza el compromiso de las empresas adjudicatarias al exigir una mayor participación de fondos propios en la financiación de un proyecto. Asimismo, abre nuevas vías para facilitar la entrada de dinero externo para estas empresas.

Contrapartida

El futuro texto legal exigirá a los concesionarios que su volumen de recursos propios alcance, por lo menos, el 10% de las inversiones que se vayan a realizar. De esta manera, se establecerán nuevos requisitos de solvencia a las compañías que participen en concursos públicos. El Ministerio pretende un mayor compromiso de los adjudicatarios en la financiación del contrato con cargo a sus propios recursos y una mayor seguridad para la administración y los acreedores. Del mismo modo, se limitará al 80% de las inversiones previstas en la concesión el importe de la deuda susceptible de titulizarse o hipotecarse.

El texto también introduce la posibilidad de obtener avales públicos como garantía para cualquier fórmula de endeudamiento con la que las sociedades privadas pretendan abordar la obra pública, «algo que hasta el momento la Ley sólo reservaba a las emisiones de obligaciones». El fin perseguido es facilitar a los adjudicatarios de contratos públicos la obtención de los fondos necesarios en los mercados de capitales. Subraya que «esta garantía no será aplicable en los casos de titulización de créditos o hipotecas de la concesión». También se eliminan obstáculos a la amortización anticipada de los créditos.

El anteproyecto regula, igualmente, el proceso de selección de los socios privados que cooperarán con las administraciones públicas en el capital de las sociedades de economía mixta que se constituyan para la ejecución de contratos públicos, como expresión de la denominada colaboración público-privada institucional. «En aplicación de los principios de transparencia y objetividad la selección de los socios privados se realizará siguiendo los mismos requisitos procedimentales previstos para la adjudicación de contratos públicos». Por último y ante el fenómeno de la colaboración público-privada, la futura norma ampliará la posibilidad de solicitar avales públicos a las empresas adjudicatarias de contratos de colaboración. Lo mismo ocurrirá con las sociedades de economía mixta.