La provincia se pone al día con 500 plazas más en residencias de ancianos

Tras el atasco inicial de solicitudes y la puesta a punto de los dispositivos asistenciales, la Ley de Dependencia comienza a rodar a buen ritmo. Los últimos aportes de financiación y el refuerzo de profesionales en la tramitación de valoraciones y diagnóstico han permitido una mayor celeridad en los trámites y una mejora de la red de recursos. Este año ha sido clave para el desarrollo de la norma en Andalucía y especialmente en la provincia donde se han presentado ya más de 32.900 solicitudes, de las que 25.400 pertenecen a grandes dependientes y dependientes severos, según los últimos datos actualizados a 1 de junio.

Para cumplir con los plazos establecidos por el Gobierno sería necesario que en diciembre se hubieran tramitado todos los expedientes de los dependientes severos de grado uno, los que necesitan ayuda para realizar alguna actividad sin necesidad de la presencia permanente de un cuidador, según recoge el texto legal.

Los de mayor nivel de afectación ya cuentan con un diagnóstico y, en la mayoría de los casos, perciben una prestación que va desde una paga a la atención en el domicilio o a una plaza de residencia de ancianos. Este último recurso es el que ha presentado más problemas dado que la dotación de la provincia era muy limitada. De hecho, hasta el año pasado la ratio era de dos camas por cada cien ancianos, lo que dejaba a Cádiz por debajo de la media andaluza que roza las tres por cada cien.

Extensión de dispositivos

La inauguración de varias residencias proyectadas hace varios años y el esfuerzo inversor de la Junta ha permitido la creación de 500 plazas este año, según los datos aportados por la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social que dirige Manuela Guntiñas. Algunas ya están en funcionamiento y otras pendientes de terminar la tramitación para que se pongan en servicio cuanto antes. La gran mayoría se encuentran en la Bahía, con 135 concertadas con el centro La Torre de El Puerto y casi 200 que ha habilitado la residencia Vitalia de San Fernando, inaugurada recientemente. El resto se reparten entre Alcalá del Valle, Vejer y Sanlúcar donde se está trabajando en la apertura de unas 170 camas más.

Esta ampliación es sólo la primera fase de una previsión mucho más ambiciosa que contempla la creación de unas 2.400 más que se unirán a las 3.856 que ya están en funcionamiento en toda la provincia. La red no estará lista hasta dentro de cuatro años cuando se terminen todas las residencias previstas. El plazo medio desde que se obtienen los permisos hasta que se abre es de unos tres años y conlleva una inversión de seis millones de euros de media para centros de cien plazas.

La creación de nuevos geriátricos también favorece el empleo. La ratio de personal que establece la Junta es de un cuidador por cada dos o tres internos que mantengan la autonomía personal. Para los dependientes con mayor grado de afectación se centra en uno por una o dos personas.

Balance

La delegada del ramo hizo ayer un balance positivo del desarrollo de la norma en la provincia, a pesar de los problemas que se presentaron al principio y las discrepancias con algunos ayuntamientos en servicios como la ayuda a domicilio. «Es cierto que han habido corporaciones más colaboradoras que otras, pero hay que tener en cuenta que esta ley reconoce un derecho de la ciudadanía y hay que garantizar la equidad», dijo la responsable provincial que no reconoce escollos graves en la prestación de servicios. «De ser así la gente se habría echado a la calle», concluyó.

Para la llegada del verano se ha previsto un refuerzo del personal para cubrir las sustituciones. «El proceso no se para por las vacaciones y estamos comprometidos con unos plazos que no podríamos afrontar con el parón del verano», explicó Guntiñas.

La crisis y el aumento del paro ha llevado a algunas familias a sacar a los ancianos de residencia y cambiar el recurso asistencial por una prestación económica. Este caso se ha dado en algunas provincias, «pero no es significativo en Cádiz», aclaró la delegada. «Se vela para que no sea así porque se intenta asignar el recurso que más conviene al beneficiario y se mantiene un control exhaustivo».

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