«Hay motivos cada día más poderosos para desconvocar la huelga de jueces»

Fue uno de los salvavidas que permitió al Gobierno socialista no ahogarse la pasada legislatura en un Congreso en el que no contaba con una mayoría contundente. Acaso por ello, el presidente le llamó para pilotar el Ministerio de Justicia en uno de sus periodos más agitados. Pero Francisco Caamaño (Cee, Coruña, 1963) coloca su horizonte más allá de la jornada de paro de jueces convocada para el 26 de junio y defiende un proceso modernizador que saque la administración judicial del ostracismo en el que ha permanecido en la etapa democrática.

-¿Habrá huelga de jueces en junio?

-Espero que no, creo que hay motivos cada día más poderosos para desconvocarla, no existen razones para mantenerla. Es cierto que tendremos que seguir trabajando toda la legislatura con los jueces, los fiscales, los secretarios de justicia... y en el Parlamento, donde hemos encontrado un consenso amplio con todos los grupos para resolver los temas que están en la base del malestar de la judicatura. Esa es una buena noticia.

-¿Su elección para dirigir el Ministerio buscaba frenar el paro?

-No fui elegido para frenar un paro judicial, sino para sacar adelante un proyecto de mejora y modernización de la Administración de Justicia. Mi horizonte no está en el día del paro, sino en el final de la legislatura.

-¿Cómo se ha llegado a una huelga judicial?

-La Justicia ha sido uno de los grandes olvidados en el desarrollo del Estado democrático. Este Ministerio nunca ha tenido un momento inversor que permitiese la renovación. Además, la Constitución diseña un sistema complejo con distintos interlocutores: el CGPJ, las comunidades autónomas y el propio Ministerio, que deben tratar con un poder del Estado que es independiente. Y, para colmo, nuestras leyes procesales son del siglo XIX.

-Empecemos por lo último. ¿Habrá nuevo proceso judicial dirigido por el fiscal?

-No podemos seguir con un proceso criminal en el que quien tiene que averiguar el delito es el mismo que tiene que defender los derechos del justiciable. Esto sólo era posible en la España de 1882. Hoy somos una excepción entre los países democráticos.

-¿Por qué no se ha modificado aún?

-Porque el PP fue absolutamente resistente al cambio, y una parte de la judicatura también defiende la figura del juez instructor con cierta desconfianza hacia el Ministerio Fiscal. No queremos que el juez desaparezca en la fase inicial del proceso, sino que deje de ser el instructor, que ejerza como juez de la instrucción, como un juez de garantías. Hoy hay ya un consenso político suficiente que lo permite.

-Los gobiernos del PSOE siempre han chocado con el mundo judicial...

-El Derecho es sosegado, prudente y un poco conservador. Todo proceso de modernización agita esos cimientos. Eso le ha pasado a los gobiernos socialistas por su voluntad de transformación y reforma profunda de la Administración de Justicia.

-¿El inmovilismo del mundo judicial frena por tanto la resolución de los problemas?

-Los anteriores gobiernos de todo signo han hecho mucho: reformas procesales, modernización, incremento de la planta judicial... Pero la demanda de justicia de los ciudadanos, en los últimos diez años, se ha multiplicado por dos. Hemos actuado por superposición de necesidades, pero sin un proyecto de modernización, sin planificación.

-Y sin un acuerdo amplio y duradero, porque el pacto de Estado por la Justicia es papel mojado.

-Yo he intentado desmarcarme de él y por eso he ofrecido un gran acuerdo social, un pacto no sólo en el Parlamento y no sólo con el PP, sino con todas las fuerzas políticas que quieran sumarse y con todos los agentes judiciales. Ese acuerdo tiene que salir fuera de los muros de la Carrera de San Jerónimo.

-Ya, pero el primer fruto es un mero acuerdo con el PP para limitar la jurisdicción universal.

-Este Gobierno es un firme defensor de la justicia universal, fundamental en todo Estado democrático, pero tiene que aquilatarse a criterios de prudencia. Cuando los ciudadanos de un país no encuentran justicia, deben poder buscarla en algún otro lugar del mundo, pero debemos introducir el principio de subsidiariedad.

-¿Habrá también acuerdo en breve para redefinir el papel del Tribunal Supremo?

-Estamos empeñados en ello. La Constitución ordena que el Supremo sea el garante del principio de igualdad y que los tribunales superiores de justicia culminen la organización judicial en cada territorio. Habrá que compaginar estas dos cuestiones. La mayoría de los asuntos deben llegar a los tribunales superiores, estos resolver y, cuando exista contradicción, intervendrá el Supremo.

-La crisis económica, ¿puede frenar la mejora de los medios materiales que necesita la Administración de Justicia?

-A pesar de la situación económica que atravesamos, la mayor inversión para infraestructuras y modernización de la justicia se va a hacer en esta legislatura, 600 millones de euros, y agradezco la solidaridad del resto de los departamentos del Gobierno. Un buen sistema judicial ahorra costes y es bueno para salir de la crisis.

-¿Será posible acabar con el drama que se desata cada vez que hay que renovar órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional?

-Esa renovación es compleja y hay que buscar fórmulas para que, llegado el fin del mandato, las vacantes se cubran. Espero que las encontremos.

-¿Habrá en esta legislatura consejos autonómicos del Poder Judicial?

-Lo que hay que hacer es desarrollar los mandatos de los estatutos, que son leyes en vigor. Hay un gran debate en torno a los consejos, pero no sobre su existencia, sino sobre el modelo que queremos. A la vista de los estatutos aprobados, todos menos uno con el acuerdo del PP, es muy difícil sostener que no se quieren los consejos autonómicos.