Los cajeros municipales de La Isla son puestos en libertad por falta de pruebas

Con lágrimas en los ojos. Así recibieron ayer a sus familiares, Clemente R. G. y María José L. de C. tras permanecer tres días en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de San Fernando, detenidos como presuntos autores de un delito de malversación de fondos públicos, cuya cuantía ascendería a unos 468.000 euros, que habrían desaparecido de la Caja del Ayuntamiento isleño, en la que son funcionarios.

La jueza instructora del caso decidió ayer dejar a ambos imputados en libertad con cargos, pasadas las 14.00 de la tarde, después de tomarles declaración durante más de tres horas. La falta de pruebas y la confusión en los datos aportados por el Consistorio, han sido las claves que han determinado tal decisión, sobre todo porque -como explicaron los abogados defensores a la salida del Palacio de Justicia de San José- «no está claro cómo se ha producido el desfase de esos 468.000 euros; si acaso existe tal desfase, porque eso está por ver».

Los abogados anunciaron también la posibilidad de que ambos funcionarios se personen como acusación particular en la causa (como parte perjudicada), para que se aclaren los hechos. Y estudian denunciar al Ayuntamiento, por los daños morales y los perjuicios sufridos por ambos, al ser señalados como los únicos que manejaban las llaves que permitían el acceso al recinto donde se custodia las cuentas municipales.

Y es que, ante la jueza, no ha quedado claro que sean las únicas personas que tengan acceso a la caja municipal, ni los únicos con capacidad para llevarse tanto dinero en tan poco tiempo.

Tras los registros realizados en los domicilios de los dos imputados, así como en la inmobiliaria de Clemente R. G., la Policía tampoco ha obtenido pruebas contundentes sobre su grado de implicación en el caso.

Cabezas de turco

«Los han utilizado como cabezas de turco, ante la presunta existencia de un descuadre y la investigación de la Cámara de Cuentas». Así de contundente se mostraron los letrados, que argumentaron a la salida de los juzgados cómo el proceso contable del Ayuntamiento hace improbable el robo de la Caja: y es que diariamente se realiza un control de los ingresos y de los gastos, con revisiones semanales y mensuales. Además existe un doble control de la contabilidad, que debe pasar primero por la Tesorera y por la supervisión del interventor.

De este modo, resulta «cuando menos extraño que desaparezca en tan poco tiempo -de enero hasta marzo- una cantidad tan elevada de dinero sin que llame la atención», aseguraba ayer el letrado que representa a Clemente.

Según los propios imputados, la cuantía extraviada de las arcas municipales puede ser «muy superior» a los 468.000 euros denunciados. De hecho, tanto Clemente R. G. como María José L. han manifestado que hace tiempo que se barajaba la existencia de un descuadre de siete millones de euros.

Las diligencias judiciales, sobre las que se ha impuesto el secreto sumarial, continuarán esta semana para esclarecer la desaparición de los 468.000 euros.

Familiares y amigos de los imputados acudieron ayer a los juzgados, a la espera de novedades, y confiados en la inocencia de los dos funcionarios. Los allegados de Clemente desmintieron, por ejemplo, que éste tuviera negocios aparte de una inmobiliaria, y otro coche además del Mercedes de su propiedad.