La familia que acoge a la niña mauritana espera «que los padres la dejen en paz»

La familia puertorrealeña que acoge a la menor mauritana que denunció a sus padres y su marido por violación, ha optado siempre por guardar un prudencial silencio en torno al caso, manteniéndose en todo momento alejada de los focos de los medios de comunicación. Incluso ahora que la Audiencia Provincial ha dado la razón a la menor y ha condenado a prisión a sus tres familiares, este matrimonio español insistía ayer en callar, según ellos, «por respeto a la pequeña, que se encuentra muy mal por toda esta situación».

Desde que la joven era un bebé este matrimonio ha sido el que la ha cuidado y educado en la práctica según las tradiciones españolas, acogiéndola en su casa de Puerto Real con el consentimiento explícito de la familia biológica, con la que mantenían una gran amistad. Cuando la menor denunció a sus padres, las relaciones entre las dos familias se rompieron, y el matrimonio español se hizo cargo definitivamente de la menor hasta ahora. Su silencio, por tanto, no podía ocultar ayer su satisfacción por la decisión tomada por la Audiencia Provincial.

La sentencia (que aún no es firme) condena al marido de la menor, El Moctar Ould Abderrahmane -que se encuentra ya en prisión preventiva-, a una pena de trece años de cárcel por mantener relaciones sexuales con la niña contra su voluntad, amparándose en el matrimonio forzoso celebrado en Mauritania que los une legalmente desde 2005.

Por su lado, la madre de la joven, Hawa Mint Cheick, ha sido condenada a 17 años de prisión por un delito de coacciones, otro de amenazas y otro como responsable criminal de la agresión sexual, ya que fue ella la que obligó a la pequeña -entonces con 14 años- a acostarse con su marido, hasta el punto de pegarle si se oponía. Por último, el padre, Mohamed Ould, deberá cumplir un año y seis meses de cárcel por amenazas a su hija con lapidarla si no consentía las relaciones con El Moctar.

La cantidad de las penas es menor a la solicitada por el Ministerio Fiscal en su calificación, que exigía hasta 21 años de cárcel para la madre y el padre, y 15 años para el marido. No en vano, la fiscal responsable de la acusación ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, para exigir un castigo mayor. Igualmente, la defensa de los condenados tiene previsto solicitar al TS que revise la causa, pero para pedir la absolución.

«No buscamos la cárcel»

La familia de acogida, en cambio, no ha entrado a valorar si la pena impuesta es suficiente o no, ya que asegura que «no buscamos con todo esto que [los padres] vayan a la cárcel, sino que dejen en paz a la niña, con eso sería suficiente», afirmaba la madre de acogida como única declaración. La sentencia también prohíbe a los tres condenados acercarse a la joven en un radio de 500 metros durante un periodo de, al menos, diez años -en el caso de la madre y el marido- y de cuatro años -en el caso del padre. En este sentido, el matrimonio reconoce que no tiene noticia de la sentencia al detalle, ya que al no haberse personado en la causa, tampoco se les ha notificado el documento. De hecho, afirman haberse enterado de su contenido por los medios de comunicación.

La propia sentencia judicial valora la labor de mantenimiento que ha llevado a cabo esta familia, desde que la menor mauritana era un bebé. De hecho, el tribunal considera probado que la pequeña pasaba la mayor parte del tiempo con esta familia, aunque dormía en casa de sus progenitores los fines de semana.

Esta situación se mantuvo hasta el año 2005, cuando la joven -por entonces de 12 años- viajó con su madre a Mauritania para concertar su matrimonio con su primo El Moctar, según la declaración de la pequeña, sin su consentimiento. Madre e hija volvieron a España un año después aunque sin el marido, que permaneció en Mauritania hasta que en 2007, en un viaje por España, reclamó mantener relaciones sexuales con su esposa. Fue entonces cuando, bajo las amenazas de muerte por parte de los padres, se cometió la agresión. Aunque la menor denunció haber sido violada antes en Mauritania.

La menor, que cuenta ahora con 16 años, sigue viviendo acogida por la familia española, aunque la situación legal bajo la que se ampara esta situación sigue siendo ambigua, ya que el matrimonio no poseen la patria potestad de la pequeña. La familia, que cuenta además con varios hijos naturales, tampoco cuenta con un documento jurídico que acredite y legitime siquiera el acogimiento. Tampoco ha iniciado los trámites de solicitud de una posible adopción.

En este sentido, la familia reconoce cierto temor ante la reacción que pudiera tomar la familia natural de la joven, muchos de cuyos miembros apoyaron a los padres durante el juicio, y podrían reclamar la custodia de la menor

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