El PP quiere que la Junta pague un tercio del proceso de regularización

La parlamentaria andaluza del PP, Teresa Ruiz-Sillero, presentará una proposición no de ley en los próximos días para que la Junta de Andalucía “pague parte del coste que tenga para los propietarios el proceso de legalización de viviendas en Chiclana”. Así al menos lo explicó la ex edil chiclanera esta mañana en una comparecencia junto al ex alcalde de Chiclana, Ernesto Marín, en la que ambos hablaron de urbanismo.

Sobre la materia, el PP dijo “tender la mano a los socialistas para que el Plan General de Ordenación salga adelante”. Se referían los populares al “trabajo conjunto que hay que realizar” para revisar y volver a aprobar un planeamiento urbanístico local actualmente vigente pero sobre el que pesan tres anulaciones del TSJA, la última de las cuales está recurrida incluso ante el Tribunal Supremo por el Ayuntamiento.

Según explicaron Ruiz-Sillero y Marín, “ahora el PSOE propone un Plan de Inspección Urbanística, que sin embargo no explican ni consensúan con nadie, y que no dispone de presupuesto”, criticaron. Los populares, que curiosamente no votaron a favor de esta propuesta en el último Pleno Ordinario “por considerarla vacía de contenido”, apuntan a que su partido “estará siempre al lado de aquellas iniciativas que sean buenas para el futuro de la ciudad, y trabajará para que el principal elemento de creación de empleo y desarrollo económico, como es el Plan General, salga adelante”.

Chiclana y Marbella

Según los representantes del PP “el PSOE no está interesado en solucionar el proceso de regularización en Chiclana, nadie sabe qué labor realiza la Oficina de Regularización en estos momentos, ni tampoco se sabe si ya han comenzado formalmente la revisión del PGOU o no”, apuntan.

Por último, para la también Secretaria Provincial del PP, Teresa Ruiz-Sillero, “el PSOE y la Junta deben volcarse en solucionar este problema en Chiclana como se volcó con Marbella, porque esos son los dos grandes problemas urbanísticos de Andalucía. Es por eso por lo que exigen a la administración autonómica que “como parte del problema ayude a pagar su solución”. Los populares incluían en su programa electoral de 2007 la propuesta para que la Junta abone un tercio del coste de urbanizar y dotar de servicios al extrarradio, y los otros dos tercios sean asumidos por el Ayuntamiento y los propietarios de las casas ilegales.

Ruiz-Sillero pidió además al dirigente provincial de los socialistas, González Cabaña, que “exija responsabilidades políticas a los miembros de su partido sobre los que pesa una imputación”, y alabó “el buen trabajo que está realizando la Fiscalía” en las sucesivas denuncias en materia urbanística que presentó en los últimos meses el PP.