Economia

Trabajo ayudará a las autonomías a proteger a parados sin subsidio

Solbes se muestra receptivo a esta propuesta de Corbacho

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Los parados que hayan agotado su cobertura de desempleo (contributiva y asistencial) y carezcan de ingresos y de patrimonio recibirán, de manera temporal, protección económica desde las comunidades, vía renta activa de inserción (RAI). Cuando una autonomía no pueda afrontar el aumento del gasto, el Gobierno central contribuirá a ello, según la propuesta del titular de Trabajo, Celestino Corbacho.

La RAI combina la ayuda monetaria (421,79 euros al mes) ycon la formación profesional. De ese modo, su misión es «incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo».

Las declaraciones de Corbacho tuviero lugar momentos antes de la presentación del libro «La deriva de España, Geografía de un país vigoroso y desorientado», de Enric Juliana, en la sede de la comunidad de Madrid. Explicó que su propuesta se encuentra en varios foros de debate. «Yo se la he planteado a mis compañeros de Gabinete», dijo y, ante la pregunta de cómo había caído en Economía y Hacienda, respondió que el vicepresidente Pedro Solbes «se ha mostrado receptivo».

El responsable de Trabajo hizo hincapié en que su proyecto no responde a una nueva modalidad de protección sino a utilizar al máximo todas las fórmulas ya vigentes. Apuntó que el número de beneficiados será inferior a las 300.000 personas, puesto que aunque la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejaba un total 825.000 hogares con todos los miembros desocupados, muchas familias perciben otros ingresos ajenos al mercado laboral.

Corbacho añadió que, si prospera su medida, la ampliación de la RAI sólo se mantendrá mientras dure la crisis, es decir, «en 2009 y a lo mejor en 2010». «Buscamos mecanismos para resolver un problema muy concreto y coyuntural», remarcó. «Llegaremos a colectivos realmente necesitados. A aquellas personas que tras pasar por un puesto de trabajo, caer en el desempleo y agotar su cobertura se ven al borde de la exclusión social», expuso.

Respecto a cuándo podrá entrar en vigor la reforma, el ministro comentó que todavía no se puede hablar de fechas. «Tenemos que profundizar el debate entre las administraciones públicas y en cada una de ellas y comprobar que todo el mundo está de acuerdo. Esperemos que nadie se muestre reticente», concluyó.