El PP acusa a Garzón de prevaricar al no inhibirse en la trama de corrupción

El PP despejó ayer la incógnita sobre la presentación de una querella contra Baltasar Garzón por no inhibrise en la instrucción del sumario sobre la trama de corrupción que salpica al partido después de que se supiese que hay aforados imputados. Las palabras de firmeza de los líderes no se correspondían con el vencimiento del ultimátum, hasta que, finalmente, anoche los populares dieron pasaporte oficial a su anuncio.

La querella criminal por prevaricación se presentará hoy, según explicó el PP, «al no haberse producido la inhibición solicitada por el Fiscal el pasado miércoles y haber incurrido con esta actitud en una reiterada conducta manifiestamente injusta a sabiendas». El PP señala que Garzón ha superado «con creces» el plazo de tres días que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal para remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid las actuaciones.

En el escrito que el PP presentará hoy, de 16 folios, se señala que el juez habría incurrido en un delito de prevaricación al haber realizado actuaciones judiciales a sabiendas de que carecía de competencia. En opinión de los populares, la conducta de Garzón habría sido «manifiestamente injusta», al superar el plazo de tres días para que remitiera al Tribunal Superior de Justicia de Madrid las actuaciones cuando tenía «plena consciencia» de que carecía de competencia para instruir el caso.

Agrega que el hecho de que el juez de la Audiencia participara en una cena y una cacería con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el mismo día que se filtró a los medios de comunicación la existencia de un proceso contra el PP refuerzan la idea del «comportamiento doloso del querellado».

En la querella se dice también que el juez Garzón no ha permitido al Partido Popular personarse como acusador particular y tampoco ha resuelto sobre esa misma petición formulada por la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando hace más de diez días que se solicitó, y él mismo había dejado apuntada tal posibilidad. «Con su negativa a resolver se asegura, por un lado, que no va a ser objeto de recusación y, por otro, que no se va a solicitar la inhibición de la causa por la vía de solicitárselo a su superior prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dado que para ello se necesita ser parte».

En la otra cara del espejo de la investigación, la dimisión de Mariano Fernández Bermejo cogió al PP con el pie cambiado. El ex ministro de Justicia se había convertido en la 'bestia negra' de su discurso de oposición y los populares no han acertado aún en el cambio de estrategia. Un día después de la renuncia del ya ex ministro, los dirigentes del partido opositor daban palos de ciego sin encontrar una línea argumental única para redefinir sus relaciones con el pacto por la Justicia y el nuevo titular de la cartera.

En un primer momento, el partido opositor tiró por elevación, mantuvo su denuncia de connivencia del Gobierno con el juez y la Fiscalía, negó los cien días de gracia al recién nombrado, Francisco Caamaño, y exigió responsabilidades al presidente del Gobierno. Ayer, Mariano Rajoy giró el timón del discurso hacia una posición más conciliadora y concedió un margen de confianza a Caamaño. «Vamos a ver qué hace el nuevo ministro», comentó al ser preguntado en la Cadena Ser por si mantendría congelado el pacto de Estado. «Con Fernández Bermejo era imposible», añadió, pero recordó que los problemas que aquejan a la Justicia son tan graves que exigen «hablar en serio».

En un intento de prolongar la polémica hasta que concluya la campaña electoral, los populares mantienen su antigua solicitud para que el titular de Justicia rinda cuentas de la cacería con el juez. El Grupo Popular defenderá hoy, en la Junta de Portavoces del Congreso, su petición para que sea asumida por el sucesor del dimisionario con la intención de que Caamaño informe de lo ocurrido en la cacería y, sobre todo, explique «su opinión sobre la separación de poderes», dijo Sáenz de Santamaria.