El 'ahorro' de 1.500 millones cubre sólo el 5% del coste total del desempleo en 2009

El recorte de gasto público de 1.500 millones de euros anunciado el pasado martes por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados, no pasa de ser un gesto simbólico. El objetivo del 'ahorro' es aliviar el peso que la protección económica de los parados tiene en las cuentas del Estado. El importe señalado equivale tan sólo al 5% del dinero necesario para abonar en 2009 toda la cobertura de desempleo. Las previsiones anuales elevan su coste a 30.000 millones. Nunca hasta ahora los trabajadores sin colocación habían requerido un desembolso tan elevado. Ya la nómina de diciembre superó los 2.293 millones y los primeros cálculos estimativos elevan a 2.500 la correspondiente a enero.

La decisión de Rodríguez Zapatero dejó perplejo a más de un Ministerio, cuyos titulares no ven la posibilidad de «apretarse más el cinturón». Los miembros del Gabinete esperan conocer cuál será la vía para la 'donación'. Moncloa estudia aplicar en el capítulo de gasto corriente, del presupuesto adjudicado a cada departamento, un descuento porcentual igual para todos.

Enero terminó con la dramática cifra de 3.178.415 parados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo (antiguas oficinas del INEM). El Ejecutivo reconoce que en ese colectivo existen unos 900.000 trabajadores que carecen de cobertura, cifra que los sindicatos elevan al millón de personas al incluir a todos los desocupados que nunca han cobrado protección. No obstante, dada la velocidad con la que avanza la recesión y que la crisis todavía no ha tocado fondo, el primer trimestre del año terminará con muchos más desprotegidos que los apuntados por ambas partes.

El Ministerio de Trabajo, para evitar «malos entendidos» y que se cuestionen las estadísticas oficiales, añade que alrededor de otros 700.000 ciudadanos se apuntan a los Servicios Públicos con el único objetivo de mejorar su posición laboral. Buscan una colocación de mayor calidad o un empleo de características determinadas en cuanto a horario, ciudad, etc. Fuentes de este departamento señalan que se trata de un grupo que desde 1978, con independencia del gobierno de turno, ha sido excluido sistemáticamente de las listas de parados.

Cuota insuficiente

Desde el año 2000 hasta el 2007, las cotizaciones de empleadores y empleados habían bastado para afrontar el pago de la cobertura de paro. En 2008, la situación cambió, pero como el cobro de esta protección está considerado como un «gasto obligatorio», el Gobierno recurrió a un crédito ampliable, que se quedará muy por debajo de las necesidades de 2009. En este sentido, los sindicatos señalan que «bien venidos sean los compromisos de Zapatero», aunque aclaran que el abono del desempleo es un mandato de la ley, circunstancia que sólo puede variar con una modificación legal, algo que sería considerado un «recorte social» y «contestado con contundencia por los trabajadores».

El presupuesto para la cobertura de 2009 ronda los 19.000 millones, importe muy alejado del gasto real que se avecina. El propio Gobierno asume que el coste estimado del «mantenimiento íntegro del sistema» superará en 10.000 millones (un 50%) la previsión, según figura en el programa de medidas a acordar, dentro del diálogo social (ámbito de debate y negociación entre el Ejecutivo y los agentes sociales), remitido por Moncloa la pasada semana a las patronales y sindicatos.

CC OO y UGT lanzan una llamada de atención. Advierten de que al gasto citado habrá que sumar el dinero necesario para que aquellos parados que hayan terminado su prestación y carezcan de rentas perciban alguna ayuda económica.

Para la secretaria de Empleo de CC OO, Paloma López, el grupo que corre mayor riesgo de caer en la pobreza es el que incluye a los trabajadores con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años. Destacó que la crisis reduce sus empleos y posibilidades profesionales. Muchos afrontan hipotecas o son inmigrantes que no cuentan con el apoyo que supone la familia.