PROTESTA. Plantilla de Barcons el pasado jueves en Cádiz. / A.V.
Ciudadanos

Los propietarios de Barcons eluden la citación de Trabajo

El organismo público les solicita un informe del estado en el que se encuentra la empresa

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Nadie esperaba que se presentaran, así que nadie se sorprendió de que no acudieran. La Inspección de Trabajo citó a los administradores de la fabricante de estructuras de hormigón Barcons a una reunión para la que también tenían entrada los miembros del comité de empresa de la firma. Los representantes de la plantilla acudieron, los únicos altos cargos que quedan -el equipo directivo fue despedido recientemente-, no. La Inspección se puso en contacto telefónico con uno de los administradores, Adolfo Tejedor, según apuntó el presidente del comité, Javier Maestre. El empresario excusó su ausencia en unos problemas de salud. El funcionario le solicitó entonces que enviara por fax un justificante médico que acreditara su imposibilidad para desplazarse y dar satisfacción a su citación, así como un informe en el que se detalle, también, el estado general de salud de la empresa.

El encuentro con los miembros del comité fue breve. La Inspección trasladó a los trabajadores su compromiso de mantenerlos informados de las novedades que se produzcan en torno al caso. El órgano de la Administración central preparará un documento en el que dará cuenta de esta reunión, así como de la información que obtenga de los administradores de la firma y lo remitirá al delegado provincial de Empleo, Juan Bouza. La Junta añadirá este informe a la documentación que tiene intención de presentar el próximo lunes ante la Fiscalía gaditana.

Acta levantada

La Inspección de Trabajo ya ha levantado acta sobre el cierre de la empresa, que desde hace unos días se encuentra precintada por pesar sobre ella un embargo ejecutado por la Seguridad Social -la empresa adeuda un millón de euros por la no cotización de sus trabajadores desde enero de 2008-. La plantilla de 150 empleados se encuentra bajo un expediente de regulación temporal de empleo desde finales de noviembre. La fecha de reincorporación al trabajo es el 2 de marzo. Mientras, la compañía les adeuda 362.000 euros por salarios atrasados. En el acuerdo de suscripción del ERE temporal se estipuló que si este pago no se había satisfecho a fin de enero, los activos de la empresa pasarían a la propiedad de los trabajadores hasta que se dieran por pagadas las nóminas atrasadas. La plantilla tiene pocas esperanzas de que esto suceda y prepara una manifestación el 2 de febrero.

jlopez@lavozdigital.es