El PSOE garantiza el desalojo de los 42 alcaldes de ANV

El Gobierno desalojará a partir de la próxima primavera a los 42 alcaldes de Acción Nacionalista Vasca (ANV) del País Vasco y Navarra. Éste es el compromiso que adquirió ayer el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, que aseguró que la reforma legal que lo hará posible podría estar en vigor entre abril y mayo.

El Ejecutivo tiene previsto llevar al Congreso en febrero una reforma de la ley de Bases de Régimen Local para que «las personas provenientes de cualquier formación política ilegalizada no pueden gobernar institución democrática alguna». ANV fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en septiembre. Los servicios jurídicos del Gobierno defienden que esta modificación, que los socialistas quieren pactar con el PP y con el máximo de partidos posible, será de aplicación inmediata a todos los concejales de ANV, ya que no existe problema para su uso retroactivo, según el portavoz socialista. Los ediles del partido proscrito deberían abandonar los 42 equipos de gobierno municipal y se disolverían consistorios si es necesario para el cumplimiento de la ley.

Alonso aseguró que esa reforma legal es la única opción real para desalojar a ANV de todas las alcaldías. Explicó que con la norma actual la disolución generalizada e inmediata es imposible, porque se requieren pruebas graves y reiteradas de apoyo a ETA en cada uno de los municipios, «cosa que en este momento no hay».

Situación insostenible

La moción que exigía al Gobierno la disolución inmediata de todos los consistorios gobernados por ANV Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y solo recibió el apoyo del PP. Rosa Díez se negó a sustituir su moción por una alternativa del PSOE que establecía el compromiso de acometer la citada reforma legal. La diputada de UPyD sí aceptó los pequeños cambios que le propuso el PP, entre ellos que el Ejecutivo impida que los ayuntamientos bajo sospecha reciban de forma directa las inversiones del plan anticrisis, unos 31 millones. Díez justificó la urgencia de la disolución en que la situación en estos municipios es insostenible, ya que «se trata de echar a los miembros de un partido que forma parte de una banda terrorista».

El PP aseguró que «ahora ya existen fundamentos políticos y jurídicos suficientes para disolver los 42 ayuntamientos» y defendió que la «decisión es inaplazable» porque «no queremos que el entorno de ETA gestiones ni un euro más de los ciudadanos». En contra de la moción votaron, además del PSOE, CiU, PNV, ERC, IU, BNG, y Nafarroa Bai. Todos coincidieron en que no hay pruebas para una disolución generalizada de corporaciones y, además, mantuvieron que el único «desalojo democrático» posible de ANV, que consideran merecido por no condenar los asesinatos terroristas, son las mociones de censura o las urnas, pero nunca leyes fabricadas al efecto.

Por otra parte, la Unión Europea aprobó ayer la inclusión en la conocida como lista terrorista europea a trece etarras y a ANV y el PCTV. La incorporación supone que se les aplicarán las medidas de colaboración penal de la UE sobre intercambio de información y cooperación antiterrorista.