Un funcionario vigila solo por las mañanas a 80 presos con pulseras de control remoto

El pasado 29 de noviembre Maximino Couto, de 60 años, salía de la prisión de A Lama (Pontevedra) para disfrutar de un permiso penitenciario. Hasta que regresara a la cárcel debía llevar consigo una pulsera de localización que controlara sus movimientos, principalmente, para que no pudiera acercarse a su ex pareja, víctima de los malos tratos que llevó a Maximino a prisión para cumplir condena. Pero el preso se quitó la pulsera y durante el tiempo que se le perdió el rastro, mató a su actual compañera sentimental, quien días antes había rogado al director de A Lama que le dejara salir a la calle; además hirió a otras tres personas, entre ellas un agente de la Policía Nacional.

Esta tragedia ha puesto en entredicho los sistemas de control telemático que Instituciones Penitenciarias ha articulado, en muchos casos, para aliviar la permanente situación de hacinamiento que se vive en las cárceles españolas. Si se traslada esta polémica a la provincia gaditana, se descubre que hay un único funcionario, en horario de mañana -de ocho a tres de la tarde- y sólo de lunes a viernes, que se encarga de vigilar los dispositivos de control de los 80 presos que han accedido a un régimen de semilibertad por presentar una evolución favorable. Estos internos dependen del CIS (Centro de Inserción Social) de Jerez, que a su vez orgánicamente está vinculado a Puerto II. En el Campo de Gibraltar la situación es muy similar, aunque la cifra de internos vigilados a distancia es menor: 23, de la prisión de Botafuegos (Algeciras) para un funcionario.

Instituciones Penitenciarias no negó ayer que exista esta ratio en Cádiz, pero añadió, a través de un portavoz autorizado, que la cobertura se completa desde la Unidad Central de Vigilancia de Madrid; el mismo sitio donde debió haberse detectado la alerta que lanzó el dispositivo de Couto cuando éste se quitó la pulsera, pero que ningún funcionario detectó a tiempo.

En esta unidad hay destinados siete trabajadores que se encargan de las labores de «monitoreo». Así denominan al seguimiento del panel de control donde se recibe la información de todos los dispositivos que están distribuidos por las prisiones del país, tanto las pulseras que se entregan a los internos con buen comportamiento y que alcanzan el tercer grado, como los GPS que reciben los reclusos con un perfil de riesgo. Esos siete funcionarios no trabajan al unísono, ya que están repartidos en turnos para abarcar las 24 horas de servicio.

Fuentes penitenciarias contradijeron la información oficial y aseguraron que en esa unidad «ya tienen bastante con vigilar a los presos del CIS Victoria Kent», que está en la capital madrileña y que cuenta con una de las poblaciones reclusas en tercer grado mayores del país.

El centenar de pulseras de control telemático que hay activadas en estos momentos en la provincia las llevan presos que han accedido al tercer grado y que, por tanto, han cumplido las tres cuartas partes de su condena. En el CIS de Jerez, por ejemplo, pernoctaban de lunes a viernes dos de los hermanos Flores, integrantes de la banda de la carretera que mató en julio a la joven de El Marquesado Tamara Leyton y perpetró decenas de asaltos violentos en la provincia. Aunque esta faceta criminal no se destapó hasta que la Policía dio con ellos; mientras no ocurrió esto, los dos reclusos del CIS mostraban una actitud positiva que no levantó las sospechas de nadie.

De buen comportamiento

Aquellos que suscriben una especie de contrato por el cual se comprometen a llevar la pulsera, además de haber obtenido el tercer grado, deben contar con el beneplácito de la dirección de la cárcel gracias a que han demostrado un buen comportamiento, una evolución positiva y cercana a la plena reinserción. También son candidatos a obtener ese régimen de semilibertad aquellos que demuestren que tienen una obligación fuera como el cuidado de un niño o un contrato de trabajo. El control remoto les permite dormir en su casa en lugar de hacerlo en el centro de inserción como cualquier recluso de tercer grado. Pero tienen que estar en sus hogares el tiempo que estipule la prisión; unas horas que son tuteladas por el sistema telemático.

El perfil delictivo de los 80 reclusos que están incluidos en este programa y que dependen del centro de Jerez «es muy variado», desde delincuentes por delitos contra el patrimonio hasta narcotraficantes, señalaron las mismas fuentes consultadas.

Más de 7.000 presos de todo el país han utilizado este dispositivo desde que en el año 2000 comenzaran las primeras experiencias. Actualmente hay 1.834 que llevan puesta la pulsera, y tanto Instituciones Penitenciarias como los sindicatos coinciden en señalar que el nivel de fracaso ha sido muy pequeño. Pero lo ocurrido en Pontevedra ha hecho saltar todas las alarmas.

«Si bien son presos con un perfil poco conflictivo, son personas que aún no han cumplido su pena y por eso se les impone una medida de control a distancia que les permite dormir en sus casas. De nada sirve que lleven un chisme encima si después no hay personal para estar pendiente de cualquier anomalía», explicaban ayer fuentes del sindicato ACAIP.

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