El tripartito denuncia un nuevo caso de presunta prevaricación del PSOE en la anterior legislatura

El actual edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, José Pedro Butrón, asegura que su antecesor en el cargo, Joaquín Muriano, concedió licencia el último día hábil antes de las elecciones a un supermercado en el centro comercial Tartessus Center, con 571 metros más de la edificabilidad permitida

El delegado de Urbanismo, José Pedro Butrón, acompañado de los concejales del PA, Manuel Guerrero y del PP, Andrés Núñez, han hecho público hoy que la licencia concedida el pasado día 25 de mayo de 2007 al supermercado ubicado en la planta sótano del Centro Comercial Tartessus, en el Novo Sancti Petri, se hizo separándose de los criterios técnicos que recogían un exceso de edificabilidad de 571 metros, lo que podría ser constitutivo de un delito de prevaricación por parte del anterior concejal de Urbanismo del PSOE, Joaquín Muriano.

Para el actual gobierno municipal “resulta “sospechosa esa forma de actuar y no acertamos a comprender los motivos”, a no ser, aseguró Núñez, que “un concejal hiciera lo que le daba la gana”.

Cabe recordar que el gobierno municipal de Chiclana ya ha cursado ante la justicia otra denuncia por presunta prevaricación en la concesión de licencia del hotel Barceló de Novo Sancti Petri.

Muriano se defiende

Por su parte, el edil socialista, Joaquín Muriano, compareció esta mañana por primera vez para explicar su versión de los hechos. El edil del PSOE se mostró “absolutamente tranquilo”, criticó “los ataques y calumnias que estamos recibiendo por quienes no quieren soltar el sillón del gobierno bajo ningún concepto”, y explicó que “la concesión de la licencia de primera ocupación del hotel Barceló es totalmente legal”.

Muriano aseguró ante los medios que los aprovechamientos bajo rasantes de sótanos y locales que luego se destinan al uso cara al público por parte de las empresas propietarias de los inmuebles (hotel Barceló y supermercado Dinosol), “tuvieron el tratamiento administrativo habitual en esos casos y que muchos ayuntamientos realizan, y su licencia se firmó el mismo día en que se pagaron los importes de la compra-venta de los mismos, un dinero que fue directamente a parar a las arcas municipales, y que superaba los 2,251 millones de euros de beneficio”, dijo.