El Gobierno tomará medidas para ayudar a 300.000 familias a pagar su hipoteca

El Gobierno ayudará a unas 300.000 familias a pagar su hipoteca si prospera su proyecto de pactar medidas con las entidades financieras para que los parados endeudados sobrelleven su carga durante la crisis. Conscientes del aumento de la morosidad, los bancos y las cajas ven con buenos ojos los planes del Ejecutivo. Algunas empresas como Caixa Catalunya y Cajastur ya han aprobado por su cuenta moratorias para determinados préstamos.

La propuesta barajada, todavía sin perfilar, forma parte de un gran paquete de cambios que aplicará el Gobierno ante la crisis. En él figuran medidas de diversa índole, incluidas las laborales que se abordan en la mesa de diálogo social, como el incentivo de 1.500 euros al año para la contratación de desempleados con cargas familiares o la incorporación de la empresa privada a la recolocación de los desocupados, propuestas que, por otro lado, no han satisfecho a los agentes sociales.

El hecho de que los parados que no puedan afrontar el pago de su hipoteca dispongan de cierto respiro exige un control muy fuerte de la medida. Fuentes próximas al Ejecutivo aseguran que los diseñadores de la iniciativa asumen que es preciso atar muchos cabos para evitar abusos y establecer garantías para que las entidades cobren al final la totalidad de sus préstamos.

Prudencia

Desde Moncloa se guarda prudencia. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió (en la rueda de prensa que sigue al Consejo de Ministros) que no estaba dispuesta a confirmar nada e insistió simplemente en que el gabinete trabajaba en una serie de proyectos para afrontar el declive económico y la delicada situación de los ciudadanos más perjudicados. Después, señaló que las reformas urgen y que se adoptarán en breve.

La todavía hipotética ayuda a los parados endeudados se sumaría a otra disposición, aprobada a primeros de año, consistente en la prolongación de la vida de la hipoteca, siempre que la entidad lo acepte, sin coste adicional para su titular, posibilidad que no ha tenido éxito. Más recientemente, el Gobierno comunicó su intención de subir de cuatro a seis años el plazo para aprovechar los fondos de la cuenta ahorro-vivienda para la compra de un piso sin perder las bonificaciones fiscales acumuladas. Pero tampoco despejó cuál será el procedimiento empleado para la reforma ni en qué momento entrara en vigor.