Un paso más de 'Karlos' hacia el banquillo

Después de dos años de investigación judicial, la operación Karlos ha dado su penúltimo paso hacia la celebración del juicio que sentará en el banquillo a los supuestos integrantes de esta trama de estafa contra la Seguridad Social, que ha hecho correr ríos de tinta no sólo por la magnitud de la estafa (cientos de miles de euros defraudados en forma de pensiones de invalidez e incapacidad laboral que resultaron falsas), sino también por la implicación -ahora confirmada- de la esposa del torero Jesús Janeiro, María José Campanario, un detalle que ha atraído la atención no sólo de los medios generalistas, sino también de la llamada prensa del corazón.

Este penúltimo paso hacia el banquillo llega de la mano de la Fiscalía de Cádiz, que ha presentado al fin el «escrito de acusación», en el que confirma al ex jefe de la policía local de Ubrique, Carlos Carretero Máñez, y al médico, Francisco Casto, como los cabecillas y organizadores de esta red dedicada a falsificar sistemámticamente informes médicos.

La Fiscalía les acusa formalmente a los dos supuestos cabecillas y a los demás implicados (un total de 24) de «delitos continuado de falsedad en documento oficial, de estafa, de usurpación de estado civil y cohecho», por los que se les pide penas que van desde cuatro años de cárcel para los beneficiarios de las pensiones, hasta diez años para Carretero y Casto, como principales acusados del caso.

De imputados a acusados

El documento supone, además, un cambio de estatus para los implicados en el caso, que pasan de ser «imputados» a «acusados» en el procedimiento. Y deja fuera del proceso a nueve personas que durante la instrucción fueron llamadas como imputadas -porque se vieron implicadas en los hechos-, pero que según el fiscal «su participación no reviste relevancia penal», reduciendo así los llamados ante el banquillo de 35 a sólo 24 presuntos estafadores.

El fiscal, apoyado en el sumario de instrucción del juez dado a conocer en su día por este periódico, recorre los hechos caso por caso, implicado por implicado, y estafa por estafa, empezando por la primera pensión fraudulenta que consiguieron los dos supuestos cabecillas en 2003, y de la que se benefició el propio Carretero.

Lo que empezó como una estafa para sí se convirtió con el tiempo en todo un negocio ilícito para Carretero y para Francisco Casto, que cobraban a los beneficiarios sumas de dinero de entre 3.000 a los 24.000 euros por tramitarles la solicitud de pensiones por invalidez. En la sociedad, sin embargo, tuvieron que intruducir a otros miembros que completaban el círculo de falsificadores y que cumplían su particular papel en la trama: como los médicos Harold Escalate y Luis Carretero Cala, que se encargaban de dar las bajas a los falsos pacientes; o el amigo de Carretero, Jose Luis López, cuya misión era captar a nuevos clientes.

El 'modus operandi'

La estafa seguía el siguiente cauce: Carretero recopilaba los documentos de los beneficiados, que son, en su mayoría, amigos, familiares o ex compañeros de la policía de Ubrique y que «en numerosos casos no reunían los requisitos» para recibir la pensión, explica el fiscal: Algunos sí sufrían algún grado de invalidez, pero intentaban lograr prestaciones económicas mayores. Otros, en cambio, no padecían enfermedad alguna.

El trámite de la pensión comenzaba con la expedición de una baja médica, firmada casi siempre por Harold Escalate, por cuya consulta ni siquiera pasaban los pacientes. La baja y sucesivos informes de confirmación servían como documentación para pedir la subvención en la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (la UMVI) del Servicio Andaluz de Salud, donde trabajaba Francisco Casto como inspector médico. De este modo, los expedientes pasaban por sus manos y recibían el visto bueno sin necesidad de someterlos a ningún control.

Aparte, Carretero debía empadronar a los falsos pacientes en casas de la capital para que correspondiese a Casto la inspección de sus expedientes. En este trámite Carretero llegó a implicar a su hermano y a diferentes familiares de los beneficiarios, en ocasiones sin que los dueños de las casas estuvieran al tanto, y otras veces a sabiendas de que colaboraban en un fraude.

Después de pasar por las manos de Francisco Casto en la UMVI, los expedientes seguían su curso para ser enviados al EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades), dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y era aquí donde se perdía la influencia de Carretero y Casto. Para superar esta fase, sin embargo, se las ingeniaron para enseñar a sus clientes a fingir las enfermedades. Y en uno de los casos, en el que se vio implicada la madre de María José Campanario, llegaron a suplantar a una persona con otra que sí tenía una enfermedad. La mayoría de los casos pasaron este último filtro y los que no lo hicieron fue porque se vieron interrumpidos por la intervención policial, expica el fiscal.

El juicio, en primavera

La fecha del juicio no está aún determinada. Y probablemente se retrase aún varios meses, ya que ahora se abre un periodo en el los abogados defensores deben presentar sus correspondientes alegaciones. «Si se presentan todos en noviembre, quizá el juicio se celebre entre mayo o abril», explicaba ayer Alfredo Velloso, defensor de Carlos Carretero.

Tanto el abogado como el ex policía ubriqueño se negaron ayer a realizar cualquier valoración sobre el informe del fiscal. Este medio se puso ayer en contacto con Carretero, pero éste se limitó a señalar que mañana viernes ofrecerá una rueda de prensa junto a Velloso, para explicar cuál es su posición tras las novedades que han salido a la luz. «En estos momentos no tengo nada que decir, estoy preparando la respuesta con mi abogado», contestó ante la llamada de LA VOZ.

Este periódico sí pudo conversar más ampliamente con personas del entorno más cercano del ex jefe de la Policía Local de Ubrique, quienes, aunque no desean que publiquen sus identidades, entienden que el escrito de calificación provisional del fiscal representa una injusticia para Carretero, y que «se ha metido a todo el mundo en el mismo saco».

El escrito del fiscal volverá ahora al juez Jorge Bartolomé Moriano, titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Cádiz, que se ha encargado de la última fase de la investigación. Y de sus manos deberá pasar a la Audiencia Provincial de Cádiz, donde se fijará la fecha del juicio. Será necesario habilitar una sala especial en este edificio o en otro distinto por el elevado número de imputados.

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