DEBATE. Los participantes en la primera conferencia de la jornada de ayer. / MIGUEL GÓMEZ
Ciudadanos

El Poder Judicial aboga por «revolucionar» la actual ley de demarcación de los juzgados

Unos cuarenta jueces decano celebran hasta mañana en la capital sus decimoctavas jornadas donde se debaten propuestas para modernizar la Justicia

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Es la primera vez que los jueces decanos eligen la ciudad de Cádiz para celebrar unas jornadas en las que analizan aspectos que conciernen a este grupo profesional dentro de la carrera judicial y en los que salen a relucir otros aspectos como determinadas reformas que llevan años estancadas en los despachos del Ministerio de Justicia. Tal es el caso de la nueva oficina judicial, que debe conllevar la modernización de la actual organización interna de los juzgados. El hotel Parador Atlántico acoge desde el pasado domingo y hasta mañana unas jornadas que cumplen su edición número XVIII y que en el día de ayer fueron inauguradas de manera oficial con una figura central: el vicepresidente del recién nombrado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa Torner.

En su discurso de inicio, el miembro del CGPJ se refirió explícitamente a un paquete de reformas que deberían reestructurar el sistema judicial en cuanto a su organización interna; unas modificaciones que tratarían de aliviar la situación crítica, por falta de medios y exceso de carga de trabajo, que comparten los juzgados y que han sido los culpables de que la judicatura deje de guardar silencio.

Para Fernando de Rosa Torner una de esas reformas debe suponer una auténtica «revolución» que cambie la actual ley de demarcación y de partidos judiciales, «que no tiene nada que ver con la realidad de la España de 2008». Y así mencionó la necesidad de potenciar la figura del juez especializado. También envió un mensaje esperanzador, que fue recogido por el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río, quien se había mostrado en anteriores intervenciones públicas más pesimista con respecto a la implantación de la nueva oficina judicial. El vicepresidente del Consejo General aseguró ayer a los presentes que «se está en la pista de arranque» de la implantación definitiva de una reorganización de los juzgados que lleva paralizada desde el año 2003.

En ese año se llegó a un gran pacto de Estado que cristalizó en una ley orgánica que era la antesala para llevar a cabo una reforma que aún no se ha acometido. El nuevo Consejo General ha nombrado una comisión de modernización, presidida por el propio De Rosa, que debe recoger todas las aportaciones para que se adopte un nuevo diseño organizativo que tiene entre sus objetivos: situar al secretario al frente de la oficina judicial y descargar de ese trabajo a jueces y magistrados para que se centren en su labor de enjuiciar o la creación de servicios comunes que centralicen el trabajo más burocrático como la comunicación a las partes en litigio o la ejecución de las sentencias.

El caso Tirado

Todas estas ideas tienen como fin, como explicaba a este medio la jueza decana de Cádiz, Nuria Orellana, ganar en eficacia y acercar la justicia al ciudadano. Aunque como subrayaba la titular del juzgado de lo Mercantil de la capital gaditana, todo esto pasa por una inversión en recursos y, especialmente en nuevas tecnologías, «porque lo que no es lógico es que se trabaje con programas informáticos distintos y los juzgados no estén conectados entre sí».

La sanción impuesta al juez Tirado por el archiconocido caso Mariluz y el posterior recurso planteado por la Fiscalía en el que solicita un endurecimiento de ese castigo, también salió a la luz en el día de ayer. Sin embargo, Nuria Orellana prefirió no hacer comentarios, como su colega del Consejo General, hasta que mañana sean conocidas las conclusiones alcanzadas al término de las jornadas. Así se espera que una de ellas mencione al juez sevillano y probablemente vaya dirigida a que se respete las decisiones adoptadas por el CGPJ y se censuren las injerencias políticas en el órgano de gobierno de la judicatura.

La pasada primavera, la propia Orellana difundió a los medios las cifras de atasco judicial que soportan los juzgados de lo Penal en Cádiz, que por esas fechas sumaban más de 6.000 causas sin resolver, y reconoció que ante esa situación de expedientes que se acumulan en las mesas, la falta de funcionarios y el importante número de interinos que acuden como refuerzo sin conocimientos previos, no podía garantizar que lo ocurrido a su compañero Rafael Tirado no podría volver a repetirse.

Los asistentes a las jornadas, al mediodía, fueron recibidos en el Ayuntamiento por la alcaldesa, quien no había acudido a la inauguración, y posteriormente realizaron una visita por Cádiz y una cena en el museo taurino de Jerez.

stubio@lavozdigital.es