Más facilidad para expulsar a irregulares

Así, el Gobierno aprovechará la oportunidad para trasponer la polémica directiva europea de retorno de nacionales de terceros países, conocida por las organizaciones del sector como la «directiva de la vergüenza», que fue apoyada por los socialistas españoles en Bruselas por orden del Ejecutivo de Madrid.

El proyecto del Gobierno rechaza, tal y como permite la normativa de la UE, aumentar hasta 18 meses el plazo máximo de internamiento de un irregular a la espera de expulsión. El Gobierno propone aumentar de 40 a 60 días el plazo máximo de retención, para poder garantizar que el inmigrante está bajo tutela mientras se concluyen los farragosos trámites burocráticos para la deportación y la organización del viaje de vuelta.

Se trata de cambiar el artículo 62.3 de la actual legislación, que establece que «el internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, sin que en ningún caso pueda exceder de cuarenta días, ni acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente».

Evitar fraudes

Los juristas también estudian cómo articular en la nueva ley mecanismos para evitar fraudes a los plazos de retención a la espera de la repatriación, algo que ya recogía el programa electoral del PSOE. En particular, quieren combatir a los falsos peticionarios de asilo, que utilizan la reclamación de protección internacional para salir de los centros de internamiento. Una vez rechazada la petición, ya han concluido los 40 días y no pueden volver al centro para su deportación. El borrador del texto propone que se interrumpa el cómputo del plazo de permanencia hasta «la sustentación del expediente administrativo».

Los técnicos de los ministerios de Trabajo e Interior apoyan incluir de forma literal otros aspectos de la normativa de retorno como el plazo de 7 a 30 días para que los irregulares con orden de expulsión abandonen el país, aumentar a cinco años la prohibición a los irregulares de volver a España o agilizar las repatriaciones de menores no acompañados, siempre que se pueda probar que en sus países tienen una mínima «estructura de acogida», aunque no tengan tutores o padres.

Ésta ha sido siempre una reclamación recurrente de las ciudades autónomas africanas y de Canarias, que soportan el mayor número de adolescentes.