El CGPJ retira la multa a la jueza que se niega a casar a parejas gays

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado en su sesión de hoy, la última que celebran los actuales vocales antes de su inminente renovación, dejar sin efecto la multa de 305 euros impuesta a la jueza de la localidad alicantina de Denia Laura Alabau por una falta grave de desconsideración. Había criticado por escrito al Gobierno y la Fiscalía de Alicante al sentirse 'perseguida' por su negativa a celebrar bodas entre homosexuales.

La jueza denunció, por medio de un escrito dirigido al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), haber sufrido "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno" por su postura contraria a las bodas entre personas del mismo sexo. A raíz de eso fue sancionada por la Comisión Disciplinaria del Consejo el pasado mes de mayo.

Los votos de los nueve vocales integrados en la denominada 'mayoría conservadora' del órgano de Gobierno de los jueces han avalado los argumentos del recurso presentado por la jueza, al considerar que el contenido de sus escritos se ampara en la libertad de expresión.

Contra esta tesis se han pronunciado los vocales de la denominada 'minoría progresista' y el vocal independiente Agustín Azparren. La votación se ha realizado en secreto, y para la estimación del recurso ha sido necesario el apoyo del presidente, Francisco José Hernando, que ha roto el empate

Votos discrepantes

El sector progresista considera que el punto de vista avalado por el Pleno contradice la doctrina del Tribunal Constitucional en lo referido a los límites en la libertad de expresión de los jueces y supone la derogación de facto de las sanciones previstas para este tipo de conductas en el régimen disciplinario de los magistrados.

El Consejo ya rechazó el pasado 5 de septiembre por mayoría el recurso presentado por Alabau, que solicitaba la retirada de la sanción alegando que la investigación contra ella había caducado al transcurrir los seis meses desde su inicio. Una vez descartada esta cuestión formal, el Pleno ha discutido este jueves sobre el fondo del asunto, relativo al derecho de libre expresión de jueces y magistrados.

Los jueces progresistas han anunciado la presentación de un voto particular mientras que el vocal López Tena, propuesto por CiU, ha hecho público su voto discrepante, en el que señala que los vocales designados por el PP y el propio Hernando han concluido su mandato "protegiendo a sus conmilitones de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como ya hicieron declarando culpable a un magistrado de la APM pero sancionándolo con 1.500 euros en el tristemente famoso y vergonzoso caso de Mari Luz, la niña violada y asesinada", en referencia al juez de lo Penal número 4 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez.

"Para eso están los amigos, la legislación vigente sólo se le aplica al indiferente", añade el voto particular de López Tena.