De la Vega intenta rebajar el enfrentamiento con la Generalitat por la financiación

Tras un fin de semana tenso y con intercambio de reproches entre el Ejecutivo central y la Generalitat, gobernanda por el PSC, las críticas han bajado de tono. La vicepresidenta, pese a estar de gira por Centroamérica, está jugando un papel imortante. La misma De la Vega que criticó los excesos verbales de su hasta hace muy poco compañero de asiento en el Consejo de Minsitros, José Montilla, es la que ahora ha apelado a la “responsabilidad y seriedad” para facilitar un acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación.

Desde El Salvador, la 'número dos' del Ejecutivo central ha pedido a los partidos catalanes responsabilidad para que cambien su postura y se llegue, finalmente, a un acuerdo sobre el nuevo modelo. La Generalitat, que ha aparcado también el tono subido de los últimos días, insiste en que el Ministerio de Economía no ha aportado propuestas para desencallar el proceso.

María Teresa Fernández de la Vega ha negado que el Gobierno haya sido “desleal” con Cataluña o “infiel” con el Estatuto y ha insistido en que ha cumplido con sus compromisos en esta materia. Tras mostrar que el Gobierno está abierto al diálogo, ha subrayado que el PSC es un partido responsable y ha mostrado su convencimiento de que va a seguir siéndolo, después de que el pasado sábado todos los partidos catalanes vincularan el nuevo modelo con la votación de los Presupuestos Generales del Estado para 2009.

En busca de un acuerdo que no llega

Ese día fue la fecha límite contemplada por el texto estatutario catalán para que el Gobierno y la Generalitat alcanzaran un acuerdo sobre el sistema de financiación de Cataluña. "Entendemos que todo el mundo tiene que adoptar una posición responsable para buscar los puntos de consenso y no los de disenso", ha reiterado la vicepresidenta.

Sin embargo, el conseller económico de la Generalitat, Antoni Castells, ha acusado al Ejecutivo de "tratar de intimidar" a la delegación catalana en la negociación de la nueva financiación para Cataluña sin haber aportado ninguna propuesta para continuar el proceso. "Es la especialidad de la casa", ha dicho el socialista Castells, que ha añadido que desde el primer momento la Generalitat está en una actitud "de propuesta y para avanzar" y que "si no hay un buen acuerdo no habrá acuerdo".

El PP, que hasta ahora ha sido testigo de excepción de este enfrentamiento entre el Gobierno del PSOE que preside Zapatero y el Ejecutivo autonómico catalán, de signo socialista también, que controla José Montilla en coalición con ERC e Iniciaitva, ha entrado hoy en la batalla. El líder de los 'populares', Mariano Rajoy, ha pedido la comparecencia en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados de José Luis Rodríguez Zapatero para que informe sobre la reforma del modelo de financiación.

Zapatero, pendiente del voto de CiU

CIU ya ha anunciado que apoyará la petición de comparecencia del presidente en la Cámara Baja a través de su líder, Artur Mas, que ha asegurado que la unidad de los partidos catalanes en cuanto al modelo de financiación "no es estética" sino para defender lo que dice el Estatuto de Cataluña. El portavoz parlamentario de este partido, Josep Sánchez Llibre, ha advertido al Ejecutivo de que si no resuelve este asunto, "le pasará factura electoral".

Desde ERC, el ex diputado Joan Puig ha considerado que el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo antes del 9 de agosto "demuestra que con España no se puede negociar" y que "sólo hay que comunicarle el día y hora de la declaración unilateral y democrática de independencia".

También el presidente de Baleares, el socialista Francesc Antich, ha definido como "lógico" que el Gobierno catalán pida que se cumplan todos y cada uno de los requisitos aunque ha pedido que estas islas sean las más beneficiadas por el nuevo sistema dado que, en su opinión, son las más perjudicadas por el actual.

También ha entrado en la disputa la Comunidad de Madrid, que ha denunciado que el Ejecutivo negará a los madrileños 418 millones de euros del sistema de financiación autonómica prometidos por Zapatero en la Conferencia de Presidentes de 2005, un hecho que el Ministerio de Economía ha negado "rotundamente".