El 30% de los vendedores de rifas ilegales del país se concentra en Cádiz

Cádiz ha conseguido el más que dudoso honor de convertirse en la provincia donde se practica el mayor porcentaje de juego ilegal de rifas en toda España, cifrado en un 30%. Ello implica que, a nivel andaluz, nada menos que el 78,5% de este tipo de «fraude» se lleva a cabo en estas tierras. Unos datos puestos de manifiesto por la ONCE, que presentó ayer su informe anual incidiendo especialmente en este problema, que tantos quebraderos de cabeza está ocasionando a los responsables de la organización.

Según Patricio Cárceles, el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, en la comunidad se recaudaron con estas actividades ilícitas 32,8 millones de euros, lo que supone más del 37% del total recogido en España, fijado en 87,2 millones de euros. De los 3.130 vendedores de rifas ilegales repartidos por todo el territorio nacional, además, el 40% de los mismos (1.242) se encuentran en Andalucía, y el 32% más concretamente en la provincia de Cádiz.

«Es el momento de pedir valentía a las administraciones -apuntó Cáceres-, para erradicar esta lacra social que se aprovecha de la imagen de la discapacidad. Me consta que actualmente existe voluntad por parte de la Consejería de Gobernación, y creo que existen mecanismos necesarios para luchar contra el juego ilegal, que supone un fraude para el ciudadano, porque son ingresos que no tributan, y para el vendedor, que realiza su trabajo sin contrato». Esta actividad que se escapa de los marcos legales es promovida a menudo por organizaciones legalmente constituidas, que sin embargo carecen del permiso reglamentario para llevarla a cabo. Su forma de actuar parte de una imitación de los cupones de la ONCE cuya venta, además de no estar permitida, perjudica y supone una competencia desleal para una fuente de ingresos tan importante dentro de la organización como es el juego.

«Todos conocemos a los vendedores, dónde se localizan y cuál es el canal de distribución, por lo que no entendemos por qué no se actúa. Seguro que si fueran imitadores de la Lotería Nacional, no durarían nada». Cárceles comparó la situación con lo ocurrido con el top manta, que, en cambio, sí que es perseguido.

Aunque la ONCE en este sentido mantiene ciertas esperanzas de mejora, el delegado territorial insistió en la necesidad de que todos los sectores implicados, como son las administraciones, los consumidores y las personas con discapacidad, estrechen sus líneas de colaboración y diseñen estrategias encaminadas a erradicar el problema. Cárceles propuso incluso que fuera la Fiscalía el organismo que actuara de oficio contra esta actividad como con tantas otras de carácter ilícito, subrayando que «no podemos permanecer impasibles».

Además, quiso resaltar que la ONCE es el operador de juego más pequeño que existe, con una cuota del 7% del mercado, a pesar de que sus ganancias se destinan a una labor social fundamental. No en vano, el pasado año este colectivo invirtió 891,3 millones de euros en todo el país y 225,46 en Andalucía, para formación, educación, empleo, eliminación de barreras de todo tipo, rehabilitación, autonomía personal, apoyo psicosocial, bienestar social, acción cultural y deportiva y acciones de apoyo con otras discapacidades.

A pesar de la omnipresente crisis, la organización mantiene sus ventas, que en el último año ascendieron a un total de 2.165,3 millones de euros a nivel estatal, un 1,10% más que el año anterior.