Jaime Lissavetzky promete que va a modificar la Ley Concursal

Tras la tormenta llega la calma y lo que antes eran acusaciones ahora son buenas palabras. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) suscribieron ayer el nuevo convenio que pone fin a meses de negociaciones que amenazaban con afectar al inicio liguero. La huelga se desconvoca y el 31 de agosto la competición comenzará sin ningún tipo de incidentes. «El campeonato empezará con total naturalidad», afirmó el presidente de la LFP, José Luis Astiazarán.

En opinión del presidente de la AFE, Gerardo González Movilla, «el fútbol da una respuesta eficaz a este problema y al futuro» y manifestó que el acuerdo ha sido posible porque «todo el mundo ha cedido». Por su parte, el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, se mostró satisfecho con el acuerdo alcanzado y reafirmó la intención de la administración pública de no permitir maniobras de los clubes en la ley concursal para no pagar a sus jugadores. «Si alguien quiere usar la ley como subterfugio, lo evitaremos», en referencia a los numerosos equipos que se acogieron a esta ley para evitar el descenso por impago a sus futbolistas».

Para subsanar este aspecto, según consta en el documento, el Gobierno modificará la ley concursal en lo que se refiere al deporte, para evitar «el uso indeseado o abusivo de ciertos instrumentos previstos en la ley». Así lo anunció Lissaventzy: «El derecho deportivo no puede estar regulado por una ley que no está hecha para el deporte», aseguró. Otra medida recogida en el convenio es la «reasignación de los ingresos que percibe la LFP con cargo a la recaudación de las apuestas deportivas del Estado», es decir, que el ingreso del 10% que perciben los clubes por las quinielas sirvan como garantía de pago a los jugadores.

Con este acuerdo se abre una nueva etapa en el fútbol que Lissavetzky definió como un modelo más «social, justo, y seguro» del fútbol.

Este sistema tiene que seguir desarrollándose en septiembre y, para ello, se crea un comité de seguimiento integrado por las tres instituciones interesadas (LFP, AFE y Consejo Superior de Deportes), que velarán por el cumplimiento de este acuerdo deportivo.