Interior crea una unidad para controlar el patrimonio de los etarras excarcelados

El Ministerio de Interior creará en breve una unidad especial que tendrá como función vigilar el patrimonio de los etarras una vez que cumplan condena y salgan en libertad, con el objetivo de que no eludan el pago de las indemnizaciones económicas a sus víctimas, según avanzó el director general de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes. Este grupo de trabajo pretende evitar situaciones como las del etarra Kandido Aspiazu, que regentaba una cristalería en Azpeitia bajo la casa de la viuda de una de sus víctimas sin haber satisfecho las indemnizaciones establecidas en la condena, o la del propio Iñaki De Juana, cuyos bienes se están investigando en la Audiencia Nacional.

Según Rodríguez Uribes, la unidad realizará un seguimiento «sistemático» de las situaciones patrimoniales de los condenados por terrorismo que hayan quedado en libertad «de forma que exista una alerta ante cualquier cambio en la situación económica de aquellos condenados que no hayan hecho frente a los pagos que deban realizar por responsabilidad civil». El director general reconoció que su trabajo será «muy complicado» ante las diferentes administraciones implicadas en este tipo de cuestiones. No obstante, la intención del ministerio es contar con un mecanismo «mucho más vigilante, organizado y previsor» que permite detectar aquellos casos en que la insolvencia que se alegó ante los tribunales ha variado.

El caso de Aspiazu

Una muestra de las dificultades para conseguir datos sobre la solvencia económica de los afectados es la del propio Kandido Aspiazu, cuyo caso fue examinado por la Fundación de Víctimas. Una vez que se supo que estaba trabajando en la cristalería, en 2005, la Abogacía del Estado solicitó a las haciendas forales de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, así como a las oficinas tributarias y a la Dirección General de Tráfico todos los datos sobre la situación patrimonial del etarra. Durante más de un año, los letrados no recibieron ninguna respuesta. El proceso para cobrar parte de la indemnización no pudo concluir hasta casi tres años después, ya que fue la semana pasada cuando se subastó el 50% de la cristalería, que estaba a nombre de Aspiazu.

Según fuentes judiciales, el problema de las indemnizaciones incluidas en las condenas tiene su origen en que la mayoría de los terroristas condenados se declara insolvente. Sin embargo, una vez que se cumple la condena y el terrorista abandona la prisión apenas hay instrumentos de seguimiento. Además, muchos de los condenados cobran sueldos que se encuentran en el umbral del salario mínimo interprofesional, lo que no permite llevar a cabo un embargo. Las citadas fuentes consideran que esta forma de proceder, y el registrar cualquier bien que adquieran a nombre de familiares, son estratagemas que dificultan la acción de la Justicia.